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El Gobierno estima que alrededor de 2,500 personas participarán en los distintos eventos oficiales programados, con una inversión aproximada de 15 millones de dólares y una proyección de impacto económico que podría triplicar esa cifra, alcanzando entre 40 y 50 millones de dólares en derrama para el país.
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La decisión se produce en medio de investigaciones administrativas relacionadas con presuntas irregularidades y posibles manipulaciones en la asignación de audiencias consideradas de alto perfil, un componente clave del funcionamiento de la justicia penal.
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Con una nueva embajada en Berna, Panamá apuesta por acercarse a uno de los centros financieros y diplomáticos más influyentes de Europa, en una estrategia que busca ampliar inversiones, cooperación y presencia internacional.
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Según las autoridades panameñas, un total de 68 delegaciones internacionales participarán en las actividades conmemorativas. Además de los siete mandatarios, 32 países estarán representados por ministros y viceministros.
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Las exportaciones registradas del país totalizaron B/. 343.3 millones entre enero y abril de 2026, una disminución de 3.5% respecto al mismo período del año anterior, cuando alcanzaron B/. 355.7 millones.
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El programa representa mucho más que una práctica profesional. Se trata de una inversión estratégica en el relevo generacional de una institución considerada la primera línea de defensa fitozoosanitaria del país.
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Gran parte de los vehículos será sometida a procesos de chatarreo debido a su estado de deterioro y al tiempo prolongado bajo custodia estatal.
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“Estamos trabajando juntos para combatir las actividades ilícitas y mejorar la transparencia comercial”, afirmó el diplomático durante el acto oficial.
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La incidencia ocurrió en una línea troncal de 115 kilovoltios operada por Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., pieza clave del sistema que transporta electricidad desde los centros de generación hacia las redes de distribución.
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Noventa y seis instituciones desfilarán ante el Ministerio de Economía y Finanzas en un proceso que definirá las prioridades del Estado en medio de presiones fiscales, demandas de inversión y reclamos por mayor transparencia.
