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Panamá está por gastar cerca de B/.95 millones para responder una pregunta elemental que el Estado aún no puede contestar con precisión: quién ocupa cada terreno, cuánto vale, qué uso tiene y dónde termina.
El Gobierno formalizó con el Banco Mundial un préstamo de B/.60 millones para el programa “Transformando el Catastro de Panamá por Resultados”. La administración aportará alrededor de B/.35 millones y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, tendrá cuatro años para integrar datos que hoy están dispersos entre planos, expedientes y plataformas de varias instituciones.
La firma convierte en contrato una operación que el directorio del Banco Mundial aprobó el 29 de abril. El problema que pretende resolver es considerable: apenas 36% del territorio nacional tiene información catastral, buena parte desactualizada, y solo 19% de las propiedades cuenta con título, sobre todo en áreas urbanas, según el diagnóstico publicado por el Banco Mundial.
Un mapa que no conversa con el registro
Panamá opera con un sistema dual. ANATI administra el catastro físico —ubicación, superficie, uso y valoración— mientras el Registro Público conserva la información jurídica sobre propietarios, títulos y gravámenes. En teoría son piezas complementarias. En la práctica, las bases no siempre coinciden ni se actualizan al mismo tiempo.
La Dirección General de Ingresos tampoco dispone de una base interoperable con ANATI y el Registro Público. El documento preparatorio del proyecto advierte que esa desconexión limita la capacidad de revisar valores imponibles e identificar mejoras no declaradas. Una casa ampliada, un terreno subdividido o una finca que cambió de uso puede existir físicamente sin que la misma realidad aparezca en todas las bases del Estado.
Para el propietario, la fragmentación se traduce en trámites repetidos, certificaciones que deben trasladarse de una oficina a otra y mayor incertidumbre al comprar, vender, heredar o utilizar una propiedad como garantía. Para los municipios y ministerios significa planificar carreteras, escuelas, redes de agua o zonas de riesgo con una imagen incompleta del territorio.
El componente fiscal que acompaña la seguridad jurídica
La modernización suele presentarse como una reforma de servicios de tierras, pero también tiene una dimensión fiscal. El impuesto de inmueble representó alrededor de 0.5% del producto interno bruto de Panamá en 2022, frente a un promedio aproximado de 1.9% en los países de la OCDE, según los documentos del proyecto.
Un catastro actualizado no implica automáticamente un aumento de tasas. Sí permite que la base utilizada para calcular obligaciones refleje mejor las características y el valor de cada propiedad. Eso puede corregir desigualdades —inmuebles similares con tratamientos distintos—, pero también genera resistencia cuando una actualización largamente aplazada modifica la factura de hogares o negocios.
La legitimidad del programa dependerá de cómo se manejen las revisiones, los mecanismos de apelación y la protección de propietarios vulnerables. Digitalizar un dato incorrecto no lo vuelve correcto; solo hace que el error circule más rápido. El levantamiento de campo, la resolución de disputas y la participación de comunidades rurales e indígenas serán tan importantes como la plataforma tecnológica.
El primer préstamo de Panamá pagado contra resultados
La operación utilizará por primera vez en Panamá el instrumento Program for Results, o PforR. A diferencia de un préstamo tradicional centrado en financiar contratos y actividades, los desembolsos se vinculan a metas verificables: mejoras en los servicios catastrales, reducción del tiempo de los trámites y mayor acceso a información territorial confiable.
Ese diseño cambia el riesgo. El Banco Mundial no desembolsa únicamente porque se compró software o se contrató una consultoría; el Gobierno debe demostrar que ciertos resultados ocurrieron. La ventaja es que obliga a medir. La dificultad es escoger indicadores que reflejen beneficios reales y no solo expedientes procesados o mapas digitalizados.
El documento conceptual del Banco Mundial calcula un costo total de B/.95.15 millones, incluidos B/.60 millones de financiamiento y una contribución pública de B/.35.15 millones. También estima unos 1,200 empleos directos durante la implementación, principalmente en levantamiento, digitalización y servicios especializados.
De la propiedad al crédito y la inversión
Un título y un plano confiables reducen el riesgo de una transacción. Para un banco, hacen más clara la garantía; para una empresa, reducen la posibilidad de comprar un terreno con conflictos; para una familia, amplían las opciones de heredar, vender o formalizar una mejora. Ese vínculo explica por qué el Banco Mundial relaciona la reforma con inversión y empleo.
Sin embargo, titular no resuelve por sí solo el acceso al crédito. Los ingresos del propietario, las tasas de interés, los costos notariales y la capacidad del sistema judicial siguen importando. El catastro elimina una capa de incertidumbre, pero no sustituye el resto de las instituciones que hacen funcionar un mercado inmobiliario.
El proyecto también puede mejorar la planificación frente a inundaciones, deslizamientos y expansión urbana. Cruzar parcelas con mapas de riesgo, infraestructura y uso de suelo permite decidir dónde construir y dónde no. Para que eso ocurra, los municipios necesitan acceso, personal capacitado y reglas claras para actualizar la información después de que termine el financiamiento.
La prueba será mantener el mapa vivo
Panamá ya ha tenido esfuerzos de titulación y modernización territorial. La diferencia entre una campaña y un sistema es la actualización permanente. Cada compraventa, segregación, construcción o cambio de uso debe incorporarse sin volver a crear bases paralelas.
El préstamo compra cuatro años de transformación. El valor duradero dependerá de que ANATI, el Registro Público, la DGI, los municipios y las entidades de planificación trabajen sobre una misma realidad territorial, con responsabilidades definidas y controles de acceso. Si cada institución vuelve a conservar su propia versión, el país terminará con mejores computadoras y el mismo problema.