En septiembre de 2024, apenas dos meses después de regresar al Ministerio de Educación, Lucy Molinar puso su firma en un convenio que prometía llevar una computadora portátil a cada estudiante y docente de premedia y media del sistema público. El tamaño de la propuesta —654,000 equipos por más de $241.7 millones— convirtió una aspiración educativa fácil de comprender en una de las contrataciones más discutidas de su gestión.
Casi dos años más tarde, Molinar dejó el cargo. El Meduca confirmó su renuncia este miércoles 12 de agosto, pero no explicó las razones ni precisó cuándo se hará efectiva. Medios locales señalaron que el conflicto por las laptops precipitó la salida. Esa relación causal no figura en el comunicado institucional y Mirada Económica no ha podido verificarla de manera independiente.
Lo que sí puede reconstruirse con documentos públicos es una secuencia persistente: una compra directa frenada por falta de avales; una licitación que solo logró contratar las computadoras de los docentes; otras dos convocatorias para los estudiantes que terminaron desiertas; y preguntas que nunca dejaron de acompañar al proyecto. Al momento de la renuncia, los equipos para más de medio millón de alumnos seguían sin contrato.
Una promesa que comenzó por la vía directa
El punto de partida fue el 5 de septiembre de 2024. Ese día Molinar y Lylian Peraza, vicepresidenta de One Laptop per Child (OLPC), firmaron un “convenio de cooperación”. El plan contemplaba 654,000 laptops durante cuatro años y un desembolso total anunciado de $241.7 millones.
La cuenta simple daba un promedio cercano a $370 por computadora. Pero no era una comparación limpia con el precio de una laptop en una tienda: el acuerdo incluía elementos educativos y logísticos, mientras que el propio Meduca debía asumir parte del transporte y la distribución. El problema de fondo no era solamente cuánto costaba cada aparato, sino cómo se había escogido al proveedor y qué resultados educativos se esperaba comprar con ese dinero.
Molinar sostuvo que OLPC había ofrecido un precio 51% inferior al convenio marco y al mercado, con mejores especificaciones. También defendió la necesidad de ampliar el mundo de los estudiantes más allá del libro y de una clase de 40 minutos. La organización, por su parte, afirmó que su propuesta no se reducía al dispositivo e incluía acompañamiento pedagógico.
Pero los detalles tardaron en hacerse públicos. Cuando La Prensa pidió una copia del convenio mediante la Ley de Transparencia, el Meduca respondió que no era viable entregarla mientras no contara con el refrendo de la Contraloría. El contralor de entonces, Gerardo Solís, dijo que ni siquiera tenía constancia de haber recibido el documento. El Consejo de Gabinete tampoco lo había examinado, pese a que la Ley 22 exige su evaluación para procedimientos excepcionales superiores a $3 millones.
Aun así, el ministerio buscó recursos para comenzar. El convenio preveía $63 millones en 2024 para producir y enviar un primer lote de 107,123 equipos de estudiantes y 54,000 de docentes. En noviembre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un traslado de $45.4 millones que Molinar dijo que sería utilizado para el primer pago.
La contratación no llegó a ese punto. En diciembre de 2024 renunció Carlos Martínez, director de Innovación y Transformación Tecnológica y “unidad de enlace” del Meduca con OLPC. La institución no informó por qué se fue. Un mes después, el nuevo contralor, Anel “Bolo” Flores, anunció que no refrendaría una compra de esa magnitud por convenio directo. “Esto tiene que ser un acto público”, dijo. Molinar respondió que convocaría una licitación.
El proyecto cambió de forma, no de ambición
El segundo camino comenzó formalmente en septiembre de 2025. Esta vez el Meduca abrió una licitación pública con tres renglones: 531,250 laptops para estudiantes, 54,000 para docentes y 21,000 licencias Microsoft M365 A3. El precio de referencia fue de $230.2 millones.
Los equipos no eran idénticos. Para los docentes se pedían 16 GB de memoria, almacenamiento de 512 GB, pantalla de 14 pulgadas y procesadores con capacidad para tareas de inteligencia artificial. Para los estudiantes, 8 GB de memoria, 256 GB de almacenamiento, conectividad LTE mediante eSIM, batería de al menos 16 horas y sistemas de bloqueo antirrobo. El pliego también exigía garantía y soporte nacional.
La homologación atrajo a 47 empresas y se extendió durante decenas de horas. El Meduca presentó esa participación como prueba de apertura. La Asociación de Educadores Veragüenses, en cambio, pidió que la Contraloría, la Asamblea y el Ministerio Público revisaran el proceso. Una firma también objetó que exigir licencias de una marca específica podía restringir la competencia; la Dirección General de Contrataciones Públicas levantó la suspensión temporal y permitió que el acto continuara.
Al final, la contratación se quedó a medio camino. En enero de 2026 el Meduca adjudicó a IS Group 54,000 laptops para docentes por $28,482,651, un promedio aproximado de $527 por equipo. Los renglones de estudiantes y licencias quedaron desiertos.
La entrega a docentes comenzó en 2026, pero abrió otra discusión. Educadores cuestionaron los formularios de custodia y quién asumiría la responsabilidad por daños, pérdidas y soporte. El ministerio había logrado contratar una parte visible de la promesa; la población estudiantil, que representaba el volumen mayor, seguía esperando.
Más dinero, menos resultados concretos
El tercer intento se publicó en febrero de 2026. El Meduca volvió a buscar 531,250 laptops para estudiantes y 21,000 licencias, ahora con un precio de referencia de $273.1 millones: $268.5 millones para los equipos y $4.6 millones para el software.
Cuatro propuestas llegaron a la evaluación. Dos quedaron fuera en la revisión preliminar. Cable & Wireless Panamá ofertó $378.3 millones por las computadoras, más de 40% por encima de la referencia, y su propuesta fue considerada onerosa. El Consorcio IA para Todos había presentado una cifra menor, $260.3 millones, pero tampoco superó la etapa inicial. El proceso terminó con una adjudicación de $4,445,700 a GBM de Panamá por las 21,000 licencias y sin una sola laptop contratada para estudiantes.
Ese desenlace produjo una imagen difícil de explicar: el Estado tenía software adjudicado y todavía no tenía los equipos que debían usarlo. Las licencias podían formar parte de una plataforma más amplia, pero la pieza central de la estrategia continuaba ausente.
Molinar mantuvo la defensa del precio. En marzo dijo que empresas interesadas le habían pedido aumentarlo en $50 por unidad y que se negó. “El precio y la calidad no son negociables”, afirmó al cerrar la homologación. También sostuvo que el programa debía leerse junto con la conectividad, la formación docente y el rediseño curricular, no como una entrega aislada de aparatos.
El cuarto intento también quedó en pausa
En mayo, el Meduca abrió una cuarta ruta para comprar las 531,250 laptops estudiantiles. El precio de referencia permaneció en $268.5 millones y las entregas se distribuirían entre 2026 y 2029.
Solo dos ofertas llegaron al final: $283.5 millones del Consorcio Positivo Panamá y alrededor de $292.7 millones de Cable & Wireless. Ambas estaban por encima de la referencia, aunque dentro del límite de onerosidad del pliego. La comisión verificadora recomendó declarar desierto el acto porque, según su evaluación, ninguna cumplía integralmente los requisitos.
Positivo Panamá reclamó. Alegó que había sido excluido por un formalismo excesivo relacionado con la legalización de un documento y por una interpretación demasiado literal de su certificación de calidad. La Dirección General de Contrataciones Públicas rechazó la acción, y el Meduca formalizó el 1 de julio la declaración de desierto mediante la Resolución 646.
La diferencia entre la compra directa original y el último precio de referencia ayuda a dimensionar el recorrido, pero no permite concluir por sí sola que existiera un sobrecosto. Cambiaron la cantidad —de 654,000 equipos combinados a 531,250 para estudiantes—, las especificaciones y los servicios. Lo comprobable es que el plan pasó de $241.7 millones en 2024 a una referencia de $268.5 millones solo para el componente estudiantil en 2026, mientras las ofertas finales subieron hasta $292.7 millones.
La pregunta educativa detrás de la factura
El debate nunca fue únicamente contractual. Panamá necesitaba decidir si entregar una computadora a cada alumno era, por sí misma, la mejor forma de cerrar la brecha digital.
La evidencia internacional pide cautela. Una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el programa OLPC en escuelas rurales de Perú encontró que el acceso a computadoras aumentó de forma drástica y mejoró ciertas habilidades digitales, pero no elevó las notas de Matemáticas o Lenguaje en el corto plazo. Un seguimiento publicado en 2025 tampoco halló mejoras académicas de largo plazo y registró efectos negativos en la progresión escolar.
El informe mundial de educación de la Unesco llegó a una conclusión parecida: la tecnología puede ampliar el acceso, pero un dispositivo no mejora el aprendizaje si no está integrado a la pedagogía, a la formación de los docentes, a contenidos pertinentes y a una infraestructura que funcione.
Molinar decía compartir esa premisa. Su plan estratégico vinculó las laptops con conectividad, capacitación, currículo y sistemas de seguridad. El contralor Flores puso el reverso de la pregunta: cómo usar y proteger cientos de miles de equipos en comunidades donde todavía faltaban internet o electricidad. Esa tensión —la urgencia de modernizar frente a la capacidad real de sostener la modernización— acompañó cada intento.
También pesaba un antecedente de la primera gestión de Molinar. Entre 2012 y 2014, el Estado invirtió cerca de $83 millones en 116,800 computadoras. En 2015 se encontraron unas 26,000 guardadas en cajas en un depósito del Meduca. El hallazgo no probaba que todo el programa hubiera fracasado, pero recordaba que comprar es apenas el comienzo: distribuir, mantener, reparar, formar y medir cuestan tiempo y dinero.
Dos salidas y una explicación pendiente
La renuncia de Molinar ocurrió después de otros movimientos en la cúpula del ministerio. Roberto Sevillano, viceministro administrativo y una de las voces públicas del proceso de homologación, también presentó su dimisión. El Meduca no ha explicado sus motivos. Antes, en diciembre de 2024, se había marchado Carlos Martínez, el enlace con OLPC.
En sus primeras declaraciones tras dejar el cargo, Molinar dijo que se iba contenta y que aferrarse a una silla era “el gran error de muchos”. No ofreció una explicación pública detallada sobre su salida. El Gobierno tampoco anunció de inmediato quién asumiría la cartera.
Por eso conviene separar lo documentado de lo inferido. La compra de laptops fue el proyecto más costoso y controvertido de su administración; acumuló objeciones legales, reclamos empresariales, procesos desiertos y críticas pedagógicas. Pero el comunicado oficial no dice que esa haya sido la causa de su renuncia. La afirmación de que el escándalo la obligó a salir proviene de la cobertura de La Estrella y todavía requiere mayor esclarecimiento oficial.
El próximo titular del Meduca heredará algo más que un expediente de contratación. Recibirá 54,000 equipos docentes adjudicados, 21,000 licencias contratadas, más de medio millón de estudiantes sin las laptops prometidas y una decisión política difícil: insistir por quinta vez, rediseñar el programa o demostrar que las condiciones para hacerlo funcionar ya existen.
La pregunta central quedó intacta después de casi dos años y cientos de páginas de pliegos, reclamos y resoluciones: no cuántas computadoras puede comprar Panamá, sino qué aprendizaje concreto recibirá a cambio.