Ciudad de Panamá, 19 de junio 2026. El gobierno aplazó por un año la entrada en vigor de la llamada Ley de Precio Único, una normativa que promete cambiar la manera en que millones de consumidores ven los precios en vitrinas, estanterías y anuncios publicitarios.
La medida, que debía comenzar a aplicarse este 19 de junio de 2026, ahora entrará en vigor el 1 de julio de 2027.
Detrás de la decisión hay una realidad práctica: gran parte del sector comercial aún no está lista para asumir los cambios tecnológicos y operativos que exige la nueva legislación.
La Ley 473 de 2025 establece una regla sencilla pero ambiciosa: el precio que vea el consumidor debe ser el precio final que pagará. Sin recargos inesperados, tarifas añadidas de último momento ni diferencias entre el precio anunciado y el cobrado en caja.
Para las autoridades, la norma representa un paso hacia una mayor transparencia en el mercado y una herramienta para fortalecer la protección al consumidor.
Sin embargo, para cientos de empresas, especialmente pequeñas y medianas, la transición ha resultado más compleja de lo previsto.
Adaptar sistemas de facturación, actualizar inventarios, modificar etiquetas y capacitar personal requiere inversiones que muchos negocios aún están realizando. Diversas asociaciones empresariales solicitaron formalmente una extensión del plazo, argumentando que una implementación precipitada podría generar errores, costos adicionales y confusión operativa.
“La modernización de los sistemas de etiquetado y facturación requiere inversiones y tiempo de adaptación”, señalaron representantes del sector privado.
Durante este período adicional, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) asumirá un papel central. La entidad continuará desarrollando campañas de capacitación y orientación dirigidas tanto a comerciantes como a consumidores para preparar el terreno antes de la entrada definitiva de la ley.
Las autoridades insisten en que el aplazamiento no modifica el contenido de la normativa ni reduce las obligaciones futuras. Se trata, afirman, de una pausa estratégica para garantizar que todos los actores lleguen preparados al mismo punto de partida.
Cuando finalmente entre en vigor, la ley incluirá sanciones para los comercios que incumplan la obligación de mostrar un precio único y definitivo.
La apuesta del gobierno es que una mayor claridad en los precios reduzca reclamaciones, fortalezca la confianza de los compradores y promueva una competencia más transparente entre empresas.
Por ahora, Panamá ha optado por esperar. La transformación sigue en marcha, pero el reloj correrá un año más lento.