Ciudad de Panamá, 23 de junio 2026. Lo que comenzó como una intervención protocolar de la delegación china durante el diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) terminó transformándose en un áspero cruce diplomático que expuso, ante el pleno del organismo hemisférico, las crecientes tensiones entre Panamá y la República Popular China.
El episodio ocurrió durante la 56.ª Asamblea General de la OEA, cuando el representante chino cuestionó con dureza la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la prórroga del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por una empresa de capital chino desde finales de la década de 1990.
La respuesta no tardó en llegar. El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, pidió la palabra y, en un tono inusualmente directo para el escenario diplomático, defendió la institucionalidad del país y marcó distancia con el modelo político de Pekín.
“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó ante las delegaciones presentes, en una intervención que elevó de inmediato la temperatura política del encuentro.
El reclamo de China y la respuesta de Panamá
Minutos antes, la delegación china había denunciado que el fallo de la Corte Suprema panameña representaba una decisión “abrupta” y “políticamente motivada”, al dejar sin efecto la renovación de la concesión portuaria que permitía a Panama Ports Company —filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings— seguir operando las terminales de Balboa y Cristóbal por otros 25 años.
Según el representante chino, la empresa había administrado ambos puertos desde 1997 sin mayores controversias y había contribuido al desarrollo económico panameño. La anulación de la prórroga, advirtió, envía una señal preocupante a la inversión extranjera y vulnera los intereses legítimos de las compañías chinas en el país.
China fue más allá: pidió a Panamá “corregir sus errores” y revisar una decisión que, a su juicio, compromete la seguridad jurídica de los inversionistas.
Martínez-Acha respondió con una defensa frontal del Estado de derecho panameño. Recordó que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una sentencia de la Corte Suprema y subrayó que el fallo fue emitido por magistrados nombrados, en su mayoría, por administraciones anteriores, no por el actual gobierno.
“No quiero hacer de nuestro diálogo un encuentro público. Lo invito cuando acabe esta reunión a reunirnos en privado. No obstante, tengo que puntualizar algunas cosas”, dijo al inicio de su intervención.
Luego fue aún más explícito: “Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecer”.
Un contrato estratégico, una sentencia de alto impacto
La disputa tiene su origen en el contrato de concesión otorgado en 1997 a Panama Ports Company para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal, dos terminales estratégicas por su ubicación en las entradas del Canal de Panamá.
En 2021, durante la administración pasada, la Autoridad Marítima de Panamá aprobó una extensión automática de la concesión por 25 años adicionales. Sin embargo, en enero de este año, la Corte Suprema declaró inconstitucional esa renovación al concluir que el procedimiento utilizado no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución y la legislación panameña.
La sentencia no solo dejó en suspenso el futuro jurídico de ambas terminales, sino que abrió un frente diplomático con China en torno a un activo particularmente sensible: la infraestructura logística vinculada al Canal, uno de los principales corredores marítimos del mundo.
La sospecha panameña: más inspecciones a buques con su bandera
El canciller panameño aprovechó además su intervención para introducir otro elemento de fricción en la relación bilateral: el incremento de inspecciones y detenciones a buques con bandera panameña en puertos chinos.
Pekín ha sostenido que esas revisiones obedecen únicamente a controles de seguridad marítima y al cumplimiento de normas internacionales. Pero Panamá sugirió que el patrón observado desde el fallo judicial no es casual.
“Es importante que esta audiencia sepa que esas inspecciones y detenciones no se dan en estos números en puertos cercanos a su país, ni en Japón, ni en Corea del Sur, ni en Vietnam, ni en Filipinas”, afirmó Martínez-Acha.
“El incremento es sustancialmente superior a lo que existía antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, añadió.
Sin acusar abiertamente a China de represalias, el mensaje del canciller dejó entrever que Panamá ve con preocupación una posible utilización de controles marítimos como mecanismo de presión política o económica.
Un llamado a bajar la tensión, sin ceder en soberanía
A pesar del tono del intercambio, Martínez-Acha intentó cerrar su intervención con un gesto de contención. Reconoció la importancia de la relación con la República Popular China y dijo valorar los canales de comunicación abiertos recientemente entre ambos gobiernos.
Pero también dejó claro que, para Panamá, el respeto a la Constitución y a las decisiones de su sistema judicial no es negociable.
“Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya”, concluyó.
El choque, breve pero contundente, dejó una imagen poco habitual en la diplomacia hemisférica: la de un pequeño país defendiendo públicamente, frente a una potencia global, la autonomía de sus instituciones en medio de una disputa por el control de infraestructura estratégica.
Y reveló, además, que el conflicto por los puertos de Balboa y Cristóbal ya no es solo un asunto legal o comercial. Es, cada vez más, una pieza del delicado tablero geopolítico en el que Panamá busca afirmar su soberanía sin romper con uno de sus socios más poderosos.