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Ciudad de Panamá, 15 de septiembre 2026. El Gobierno panameño creó un mecanismo financiero destinado a garantizar, de manera permanente, los recursos para la vigilancia y protección de áreas estratégicas del Canal de Panamá, en una decisión que estrecha aún más la coordinación entre la seguridad pública y la administración de la vía interoceánica.
El Ministerio de Seguridad Pública formalizó este lunes 14 de septiembre, mediante la Gaceta Oficial Digital No. 30611-A, la creación del Fondo Económico Especial para la Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá.
El fondo permitirá administrar directamente los recursos que aporte la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para financiar las operaciones de seguridad en la vía interoceánica, cuya protección corresponde constitucionalmente a los estamentos de seguridad del Estado.
Aunque la ACP tiene a su cargo la administración y operación del Canal, la vigilancia de sus áreas marítimas, terrestres y aéreas es responsabilidad de los organismos de seguridad pública. En ese esquema, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) desempeña un papel central y mantiene un convenio con la ACP para cubrir los costos asociados al despliegue operativo.
La administración contable de los recursos quedó en manos de la Dirección Nacional de Finanzas del Senan, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los aportes de la ACP serán depositados exclusivamente en una cuenta de la Tesorería del MEF, con el propósito de mantener trazabilidad sobre el destino y ejecución de los recursos.
El dinero podrá financiar cuatro grandes áreas.
La primera será mantenimiento y tecnología, que incluye reparación de embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres, así como licencias y servicios tecnológicos relacionados con ciberseguridad, videovigilancia y conectividad satelital.
La segunda contempla equipamiento especializado, entre ellos drones, radares marítimos, cámaras de vigilancia, detectores de metales, sistemas de comunicación cifrada y paneles solares.
También se financiarán suministros operativos como combustible, uniformes, alimentos para patrullajes en zonas apartadas, insumos médicos de emergencia y alimentación para caninos utilizados en labores de protección.
El cuarto componente corresponde a infraestructura: garitas de control, cercas perimetrales, muelles y centros de mando destinados al Comando Conjunto de Seguridad del Canal.
El nuevo esquema, sin embargo, no crea un presupuesto fuera de los controles del Estado. Las adquisiciones de bienes y servicios deberán cumplir con la Ley 22 de Contratación Pública y contar con un informe previo de sustento de la ACP.
Además, la ejecución de los recursos estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Los registros podrán mantener un carácter reservado o confidencial cuando la información esté relacionada con la protección de una infraestructura considerada estratégica para el país.
La creación del fondo refleja una realidad cada vez más evidente: proteger el Canal no depende únicamente de mantener operativas sus esclusas y rutas de navegación. También exige tecnología, vigilancia, infraestructura y una capacidad de respuesta estatal financiada de manera constante.
El Canal es una de las principales fuentes de valor estratégico de Panamá. Ahora, su seguridad tendrá un fondo específico para respaldarla. La verdadera prueba no será cuánto dinero llegue, sino qué tan transparente, eficiente y efectiva resulte su utilización para proteger una infraestructura de la que depende buena parte del peso económico y geopolítico del país.