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El Gobierno de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional una reforma al régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP), en un intento por acelerar la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura financiados con participación del sector privado.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, llevó este jueves al pleno legislativo el proyecto de ley 34-26, que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, norma que estableció el marco regulatorio de las APP en el país. La iniciativa había sido autorizada previamente por el Consejo de Gabinete.
La propuesta contempla cambios a 13 artículos vigentes y la incorporación de seis disposiciones nuevas. Según el Ejecutivo, las modificaciones responden a la experiencia acumulada durante más de seis años de aplicación del régimen y buscan simplificar etapas que actualmente toman más tiempo del considerado necesario.
La Ley 93 creó el régimen APP con el objetivo de establecer mecanismos para que entidades públicas y empresas privadas puedan desarrollar conjuntamente proyectos de infraestructura y servicios públicos, incluyendo reglas para su evaluación, estructuración y contratación.
Menos trámites y más participación privada
Entre los objetivos planteados por el Gobierno están agilizar los procesos de preparación, estructuración y licitación, promover una mayor competencia entre inversionistas y movilizar recursos privados para financiar obras que de otra forma dependerían en mayor medida del presupuesto público.
El Ejecutivo sostiene que esos ajustes podrían reducir el costo total de algunos proyectos para el Estado y los usuarios y permitir que un mayor número de iniciativas llegue a la etapa de ejecución. Esos resultados, sin embargo, dependerán de la reglamentación, de las condiciones financieras de cada proyecto y del diseño de los contratos que eventualmente se adjudiquen.
Orillac dijo ante los diputados que el objetivo no es reemplazar el modelo aprobado en 2019, sino modificarlo a partir de los resultados observados desde su entrada en vigencia.
El Gobierno también plantea reforzar criterios relacionados con disciplina fiscal, evaluación técnica, transparencia y controles en los proyectos. La propuesta surge en un contexto en el que el Ejecutivo busca utilizar las APP como una de las herramientas para ampliar la inversión en infraestructura sin concentrar todo el financiamiento en el Estado.
La discusión pasa ahora a la Asamblea
La presentación del proyecto abre ahora la fase legislativa. La Asamblea deberá analizar el articulado antes de que la reforma pueda convertirse en ley, por lo que el texto presentado por el Ejecutivo todavía puede ser modificado durante los debates.
El régimen APP también ha sido objeto de otras propuestas de modificación durante 2026. En julio, por ejemplo, se presentó en la Asamblea una iniciativa separada relacionada con la posibilidad de incorporar proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento al esquema de asociaciones público-privadas.
Para el Gobierno, la reforma permitiría reducir los tiempos entre la identificación de una obra y su ejecución. La discusión legislativa determinará hasta qué punto los cambios propuestos mantienen el equilibrio entre velocidad de ejecución, competencia privada, compromisos fiscales y mecanismos de supervisión.