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Ciudad de Panamá, 16 de septiembre 2026. En Panamá, unos 50,000 jubilados continúan trabajando en el sector público, una cifra que ha convertido el retiro voluntario y el relevo generacional en uno de los debates pendientes sobre el futuro de la administración estatal.
Para los dirigentes de los servidores públicos, el problema no puede resolverse simplemente ofreciendo dinero para que los trabajadores se retiren: detrás de esa permanencia está el bajo nivel de muchas pensiones. Proyecto de Ley Relevo Generacional.
Rubén Quijada, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), sostiene que muchos trabajadores permanecen en sus puestos porque la jubilación no les permite cubrir sus necesidades básicas.
Según Quijada, existen casos de servidores que se retiran con pensiones de apenas 300 o 500 dólares mensuales. Esa realidad, afirma, convierte el retiro en una decisión difícil para quienes todavía tienen capacidad y necesidad de generar ingresos.
“Esos 50 mil jubilados no están porque quieren”, sostuvo Quijada, al plantear que el debate debe comenzar por revisar las condiciones económicas de los jubilados y no únicamente por establecer incentivos para abandonar el servicio público.
La discusión se desarrolla mientras la Asamblea Nacional analiza iniciativas orientadas a facilitar el retiro voluntario y promover un relevo generacional dentro de las instituciones del Estado.
En una televisora local, Quijada respaldó el principio de establecer un plan de retiro voluntario, pero cuestionó el monto y la forma planteada en la iniciativa. Como antecedente, recordó el programa aplicado durante la administración del expresidente Guillermo Endara en la década de 1990, cuando, según explicó, los funcionarios que se acogieron al retiro recibieron hasta 12 meses de salario, además de prestaciones, décimo tercer mes y vacaciones.
Para el dirigente sindical, un nuevo programa debería ofrecer recursos suficientes para que los trabajadores puedan afrontar su salida del Estado, emprender o contar con una transición económica que reduzca el riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad.
El problema, además, no termina con la jubilación.
Quijada señaló que existe una deuda cercana a los 100 millones de dólares relacionada con el pago de primas de antigüedad a trabajadores que han dejado el servicio público. Según su versión, algunos jubilados deben recurrir a gestiones ante las autoridades correspondientes para conseguir que las instituciones cumplan con estas obligaciones.
La discusión sobre el retiro también está vinculada con el tamaño de la administración pública. Quijada recordó que el Estado cuenta con alrededor de 270,000 funcionarios y que una proporción significativa se encuentra en edad de jubilación.
Desde la Asamblea, el diputado Augusto Palacios, proponente de la iniciativa de retiro voluntario, plantea un mecanismo distinto: no obligar a los funcionarios a abandonar sus puestos, sino crear un incentivo económico para quienes decidan hacerlo.
Palacios explicó que la propuesta contempla una bonificación adicional que complementaría los derechos adquiridos por los trabajadores. Entre ellos estarían la prima de antigüedad, las vacaciones proporcionales y el décimo tercer mes.
El proyecto contempla una bonificación de hasta 10 meses de salario para determinados funcionarios con 25 años o más de servicio, sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la iniciativa. También contempla condiciones relacionadas con el tiempo trabajado, incluyendo períodos continuos o discontinuos en el sector público.
El objetivo declarado por el diputado es crear las condiciones para una transición generacional dentro del Estado.
El punto de coincidencia entre ambas posiciones está en la necesidad de facilitar el relevo. La diferencia está en cómo hacerlo.
Para los servidores públicos, el retiro voluntario debe estar acompañado por una política que permita a los jubilados vivir dignamente sin verse obligados a permanecer en sus puestos por necesidad económica. Para los impulsores de la iniciativa, el incentivo económico puede convertirse en una herramienta para acelerar la renovación de una plantilla estatal envejecida, sin convertir el retiro en una obligación.
La discusión pone sobre la mesa una pregunta que va más allá del número de funcionarios: ¿cuánto cuesta para el Estado mantener a trabajadores que ya alcanzaron la edad de jubilación y cuánto costaría garantizarles una salida digna?
Cifras Oficiales
Los 50,000 jubilados que continúan trabajando son, en ese sentido, el reflejo de dos problemas que se cruzan: la necesidad de renovar el aparato público y las limitaciones económicas de quienes llegan al final de su vida laboral.
El retiro voluntario puede cambiar la composición del Estado, pero no resolverá por sí solo el problema que llevó a miles de jubilados a seguir trabajando. Mientras una pensión de 300 o 500 dólares no alcance para vivir, jubilarse seguirá siendo para muchos una obligación difícil de asumir y no el descanso que debería representar.
Panamá enfrenta ahora una decisión de fondo: renovar su fuerza laboral sin convertir el retiro en una nueva forma de precariedad. El relevo generacional solo será sostenible si también existe un retiro digno.