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Ciudad de Panamá, 15 de julio de 2026. Panamá se prepara para poner en marcha un registro público de ofensores sexuales, una plataforma que permitirá a los ciudadanos consultar información y a empresas solicitar certificados sobre sus colaboradores, en momentos en que las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual mantienen niveles elevados y muestran un particular impacto sobre menores de edad.
El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, informó que el sistema ya fue desarrollado y se encuentra en uso interno de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que deberá completar y validar la base de datos antes de que sea abierta al público. Consulte Ley Aquí.
“Antes del fin de año va a estar disponible a la ciudadanía”, afirmó Fábrega. El funcionario calcula que la plataforma podría estar operativa hacia finales de noviembre, una vez que la base de datos esté debidamente alimentada.
La iniciativa responde a una ley aprobada en 2021 que establece la creación de un listado público de ofensores sexuales. El nuevo sistema permitirá consultar la información y, eventualmente, que empresas y comercios soliciten certificados de no ofensor para sus colaboradores, de manera similar al récord policivo.
La creación del registro adquiere mayor relevancia frente a la evolución reciente de las denuncias. Las estadísticas oficiales muestran que los delitos contra la libertad e integridad sexual se mantienen en niveles preocupantes. Entre 2019 y 2023, el país registró un promedio anual superior a 7.000 denuncias, mientras que solo hasta julio de 2026 ya se acercaban a las 4.000.
Los datos también muestran especial preocupación por conductas que afectan a menores de edad, entre ellas el acceso sexual con adolescentes y la pornografía infantil.
La información estadística disponible para los primeros meses de 2026 permite observar la tendencia con mayor precisión. Entre enero y abril se registraron 1.980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, un incremento de 5% respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1.892 casos.
Abril concentró la mayor cantidad de denuncias, con 539 casos, seguido de marzo, con 538; enero, con 487, y febrero, con 416.
De las 1.980 denuncias registradas durante ese período, 1.795 correspondieron al capítulo de violación y otros delitos sexuales. Los otros 185 casos fueron clasificados dentro de categorías relacionadas con corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.
Un registro que todavía debe definir sus límites
El acceso a la información será público, pero el alcance exacto de los datos que podrán consultar los ciudadanos todavía está en proceso de reglamentación.
Fábrega explicó que inicialmente el sistema mostraría el nombre de la persona y datos generales, mientras que la reglamentación determinará con mayor precisión qué información será visible y cómo funcionará el certificado de no ofensor.
El funcionario sostuvo que la base de datos estará sustentada en los registros de la DIJ y que se trata de personas condenadas después de haber pasado por el debido proceso.
La AIG, precisó, será el habilitador tecnológico de la plataforma y no tendrá la responsabilidad de determinar quién aparece en el registro.
Cualquier eventual error o controversia sobre una persona incluida deberá ser atendido por la DIJ, que será responsable de la administración y seguimiento de los registros.
La digitalización del Estado avanza, pero con riesgos
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para trasladar los servicios públicos a Panamá Conecta, la plataforma digital que busca concentrar en un solo lugar las principales interacciones de los ciudadanos con el Estado.
Actualmente hay menos de 40 trámites disponibles en línea. La meta de la administración es alcanzar los primeros 100 antes de finalizar 2026 y llegar a 385 de los trámites considerados de mayor impacto para los ciudadanos en 2028.
Fábrega reconoció que la implementación del subsidio al combustible absorbió recursos y tiempo que originalmente no estaban contemplados en el programa de digitalización. Aun así, sostuvo que el proceso continúa.
El récord policivo es actualmente uno de los servicios con mayor demanda y podría alcanzar un millón de emisiones durante este año. También destacan los trámites relacionados con contratos y renuncias laborales y el subsidio al combustible para transportistas.
Pero la digitalización también abre nuevos frentes de riesgo. A medida que más servicios públicos pasan del papel a plataformas digitales, aumenta la necesidad de proteger los sistemas frente a ataques informáticos.
La AIG trabaja en reforzar el monitoreo, la protección tecnológica y los equipos de respuesta ante incidentes.
La próxima frontera: documentos digitales
El Gobierno también prepara la implementación de credenciales digitales, entre ellas la licencia de conducir, además de idoneidades y otros carnés que actualmente los ciudadanos deben llevar físicamente.
Fábrega aseguró que la licencia digital será lanzada durante la actual administración, aunque todavía deben resolverse aspectos jurídicos y de capacitación.
El argumento oficial no es únicamente reducir el uso de papel. Una credencial digital podría ser revocada inmediatamente, algo que resulta más difícil con un documento físico.
Para la AIG, la digitalización puede traducirse en mayor control, menos discrecionalidad y una administración más eficiente.
El registro público de ofensores sexuales llega a un país donde miles de denuncias siguen acumulándose cada año y donde una parte importante de los casos involucra a menores. La tecnología puede hacer más accesible la información, pero también eleva el costo de cualquier error. Panamá tendrá que demostrar que puede hacer ambas cosas a la vez: proteger a sus ciudadanos y garantizar que un registro concebido para prevenir nuevos delitos no termine convirtiéndose en una herramienta de injusticia.