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Cox construirá la primera etapa de la planta desaladora de Playas de Rosarito, en Baja California, después de adjudicarse un contrato por US$304 millones promovido por la Comisión Nacional del Agua de México. La instalación busca reducir la dependencia de Tijuana y Rosarito del río Colorado, una fuente sometida a una presión creciente por la sequía y la demanda de agua en ambos lados de la frontera.
La fase inicial tendrá capacidad para procesar 2.200 litros por segundo, equivalentes a unos 190 millones de litros de agua potable al día. Cox estima que esa producción podrá atender a cerca de un millón de personas. La construcción está prevista para desarrollarse durante tres años.
Un contrato dentro de un proyecto más amplio
La cifra de US$304 millones anunciada por Cox corresponde al alcance de su adjudicación. No debe confundirse con las estimaciones públicas del proyecto completo y sus obras asociadas. La ficha de Proyectos México había calculado una inversión de 12.861 millones de pesos mexicanos, alrededor de US$666 millones al tipo de cambio utilizado por esa plataforma, e incluye la planta, una línea de conducción y un tanque de almacenamiento.
El Gobierno mexicano ha señalado además que Baja California deberá desarrollar infraestructura complementaria para distribuir el agua. Esa separación ayuda a explicar por qué el valor comunicado por la empresa no coincide con el presupuesto integral divulgado anteriormente por las autoridades.
Cox será responsable de la ingeniería, el suministro de equipos especializados y la construcción de la planta. El proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico de México y pretende incorporar una fuente independiente del río Colorado al sistema regional.
Una respuesta a la vulnerabilidad del río Colorado
Tijuana y Playas de Rosarito dependen en gran medida del agua transportada desde el río Colorado. Esa exposición convierte cualquier reducción de caudales, restricción operativa o disputa entre usuarios en un riesgo directo para hogares y empresas del noroeste mexicano.
La desalación no sustituirá de inmediato ese suministro, pero añade una fuente que no depende de las lluvias ni de las asignaciones del río. La Presidencia de México había estimado que una producción de 2.200 litros por segundo podría elevar hasta en 45% la disponibilidad de agua para Tijuana y Rosarito.
El beneficio tiene un costo. Las plantas desaladoras consumen grandes cantidades de electricidad y deben gestionar la salmuera concentrada que queda después del tratamiento. La viabilidad ambiental y financiera dependerá tanto de la tecnología de membranas como del precio de la energía, la disposición de residuos y la tarifa final pagada por el sistema público.
Ósmosis inversa a escala regional
La planta utilizará ósmosis inversa. El proceso empuja el agua de mar a través de membranas semipermeables que retienen sales, minerales y otras impurezas. Es la tecnología dominante en los grandes proyectos modernos de desalación porque requiere menos energía que los sistemas térmicos tradicionales, aunque sigue siendo más intensiva que el tratamiento convencional de agua dulce.
Según Cox, una ampliación posterior permitiría alcanzar 4.400 litros por segundo y superar los 380.000 metros cúbicos diarios, suficientes para abastecer a cerca de dos millones de habitantes. Esa capacidad final es una proyección del desarrollo completo; la adjudicación anunciada cubre la primera etapa de 2.200 litros por segundo.
De materializarse la expansión, Rosarito se convertiría en la mayor desaladora de América Latina destinada al consumo humano. Cox cuenta con experiencia en instalaciones de gran escala, entre ellas Taweelah, en Emiratos Árabes Unidos, con una producción aproximada de 909.000 metros cúbicos diarios mediante ósmosis inversa.
El calendario será la primera prueba
El proyecto llega después de procesos de contratación fallidos. En julio, La Jornada informó que Conagua había declarado desiertos dos procedimientos anteriores y posteriormente invitó a tres grupos empresariales a presentar propuestas.
La obra tendrá ahora que superar tres pruebas: cumplir el plazo, coordinarse con la infraestructura de distribución estatal y demostrar que puede producir agua a un costo sostenible. Para una región que necesita seguridad hídrica, el tamaño de la planta importa; pero su verdadero resultado se medirá en continuidad del servicio, precio y capacidad de operar durante años sin trasladar nuevos riesgos al litoral.