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EN VIVOSeguimiento de Mirada Económica
SEC acusa a tres residentes de Nueva Jersey por fraude de 47 millones
Los datos oficiales proceden de Securities and Exchange Commission. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos formales contra tres residentes de Toms River, Nueva Jersey, por su participación en un esquema de inversión fraudulento. La demanda detalla que los acusados captaron aproximadamente 47 millones de dólares de más de 87 inversionistas, afectando principalmente a miembros de comunidades judías ortodoxas en diversos estados del país.
Entre noviembre de 2019 y junio de 2023, Leor Moshe, identificado como el orquestador, solicitó fondos bajo la promesa de financiar préstamos comerciales a corto plazo con retornos fijos significativos. Sin embargo, la SEC alega que Moshe utilizó más de 11 millones de dólares para gastos personales y destinó otros 850,000 dólares para realizar pagos tipo Ponzi a inversionistas previos.
Los otros dos acusados, Jacob Goldman e Isaac Odes, habrían actuado como reclutadores sin estar registrados como agentes de bolsa, logrando captar más de 23 millones de dólares. Como consecuencia de este fraude, los inversionistas han sufrido pérdidas superiores a los 25 millones de dólares.
La SEC busca ahora medidas cautelares permanentes, la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente y la imposición de sanciones civiles contra los tres individuos involucrados. De forma paralela, la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey ha anunciado cargos criminales contra Moshe por estos mismos hechos.
SEC formaliza cargos contra operador de esquema pre-IPO
La [Securities and Exchange Commission (SEC)](https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2026-75-sec-charges-boiler-room-operator-and-three-entities-defrauding-retail-investors-74-million-pre-ipo) presentó formalmente una demanda ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York contra Andrew Spaventa y sus tres entidades. La acción legal busca imponer medidas cautelares permanentes, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente con intereses y la aplicación de sanciones civiles contra todos los involucrados por violaciones a las leyes de valores de 1933, 1934 y 1940.
El regulador sostiene que el esquema funcionó como una “boiler room” donde se utilizaron tácticas de presión para captar más de 800 inversionistas. Sheldon L. Pollock, director asociado de la oficina regional de la SEC en Nueva York, advirtió a los inversionistas sobre la peligrosidad de estas tácticas de venta agresivas y llamadas no solicitadas, instando a mantener una vigilancia constante ante promesas de acceso exclusivo a mercados privados.
Además de las sanciones económicas, la demanda solicita medidas cautelares específicas contra Spaventa basadas en su conducta. El caso destaca el uso de más de 100 agentes de ventas que, según la acusación, facilitaron el fraude mediante la ocultación de sobreprecios significativos, los cuales alcanzaron un promedio del 46% por encima del costo real de los activos adquiridos por los fondos.
La oferta parecía reservar un asiento antes de que comenzara la función: acceso a acciones de empresas privadas antes de su salida a bolsa. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sostiene que, detrás de esa promesa, Andrew Spaventa y tres empresas bajo su control recaudaron más de US$74 millones mediante un esquema que ocultó sobreprecios y utilizó vendedores no registrados para presionar a pequeños inversionistas.
La demanda presentada por la SEC en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York acusa a Spaventa, The Spaventa Group, TSG Capital Advisors y TSG Alpha Partners. Las alegaciones no constituyen una condena; los acusados podrán responderlas en el proceso judicial.
De acuerdo con el regulador, más de 800 inversionistas participaron entre diciembre de 2020 y junio de 2025 en 11 fondos privados que ofrecían exposición a compañías antes de una eventual oferta pública inicial. La exclusividad era parte del atractivo. También lo era la posibilidad de comprar temprano un activo que, si llegaba a bolsa con éxito, podía aumentar de valor.
El costo que no aparecía con claridad
La SEC afirma que las empresas adquirían participaciones pre-IPO y luego las transferían a sus propios fondos con aumentos de precio que los clientes no conocían. Aunque algunos materiales indicaban que los cargos iniciales no superarían 12.5% o que no existirían, los inversionistas pagaron en promedio 46% más que el costo original de los activos, según la denuncia.
Ese margen cambia por completo la inversión. Una acción privada tendría que subir cerca de la mitad solo para recuperar el sobreprecio inicial, antes de considerar comisiones posteriores, impuestos o la posibilidad de que la empresa nunca salga a bolsa. A diferencia de una acción cotizada, además, una participación privada puede ser difícil de vender y su precio no se forma continuamente en un mercado público.
El regulador describe una “boiler room”: más de 100 vendedores, muchos sin el registro correspondiente, realizaban llamadas no solicitadas con guiones que transmitían urgencia y escasez. La SEC sostiene que cerca de US$12 millones de los US$23 millones obtenidos mediante cargos iniciales fueron destinados a comisiones de ventas y que Spaventa utilizó al menos US$4 millones para gastos personales.
La palabra “pre-IPO” no es una garantía
Invertir en una empresa antes de que cotice no es ilegal ni necesariamente fraudulento. El riesgo aparece cuando el comprador no puede saber qué posee, cuánto pagó el intermediario, qué comisiones se descontaron y bajo qué condiciones podrá recuperar su dinero. Una empresa conocida en el portafolio tampoco convierte automáticamente al fondo que la ofrece en una entidad confiable.
La SEC solicita medidas cautelares, devolución de ganancias presuntamente ilícitas, intereses y sanciones civiles. El tribunal tendrá que decidir si se probaron violaciones de las leyes de valores, de asesores y de registro de corredores.
Para el inversionista minorista, el expediente deja una regla sencilla: la prisa beneficia al vendedor. Antes de transferir dinero conviene verificar al profesional en los registros oficiales, pedir por escrito el costo original del activo, todas las comisiones y las condiciones de salida. Si una oportunidad solo existe durante la llamada, probablemente no ofrece el tiempo necesario para entenderla.