Los ejercicios militares suelen describirse con un vocabulario diseñado para tranquilizar: interoperabilidad, preparación, escenarios hipotéticos. En Panamá, esas palabras tienen un peso adicional. Cualquier cooperación extranjera alrededor del Canal convive con una memoria política en la que defensa, soberanía y presencia estadounidense nunca han sido asuntos separados.
La visita de Pete Hegseth ocurre precisamente en ese cruce. Estados Unidos quiere una red regional capaz de enfrentar narcotráfico, amenazas cibernéticas y disrupciones a infraestructura estratégica. Panamá necesita esas capacidades, pero también necesita demostrar que su condición de socio no convierte al país en una extensión de la política de seguridad de Washington.
Lo que ensaya Panamax
La edición 2026 de Panamax se desarrolla del 3 al 14 de agosto y plantea una respuesta multinacional a amenazas simuladas contra el Canal y la región. El valor del ejercicio está menos en el despliegue visible que en la coordinación: qué institución comparte información, quién toma una decisión, cómo se mantienen abiertas las comunicaciones y qué ocurre cuando una perturbación combina componentes marítimos, digitales y terrestres.
Es una prueba relevante porque la vulnerabilidad moderna rara vez llega con una sola bandera. Un ataque informático puede interrumpir una terminal sin tocar una esclusa. Una organización criminal puede aprovechar el mismo sistema logístico que mueve mercancía lícita. Una campaña de desinformación puede convertir un ejercicio rutinario en una crisis diplomática antes de que las autoridades hayan explicado sus alcances.
La asimetría de la relación
Estados Unidos aporta una escala de inteligencia, tecnología y entrenamiento que Panamá no podría replicar por sí solo. Esa asimetría explica por qué la cooperación es atractiva y por qué debe estar sujeta a reglas particularmente claras. La declaración bilateral de abril de 2025 incluyó asistencia, entrenamiento, ciberseguridad e infraestructura, al tiempo que reconoció la soberanía panameña. El texto es un marco; su legitimidad depende de cómo se aplique.
La primera prueba es la transparencia. Panamá debería publicar los objetivos de cada ejercicio, las instituciones participantes y los mecanismos de mando. La segunda es la proporcionalidad: capacidades desarrolladas para proteger el Canal no deben utilizarse sin control civil en tareas ajenas a ese propósito. La tercera es la reciprocidad política. Washington puede pedir rapidez operativa, pero Panamá conserva el derecho a fijar límites.
Seguridad también significa comercio
La discusión no es exclusivamente militar. Cada demora evitable en el Canal, cada interrupción de un puerto y cada duda sobre la estabilidad jurídica tiene un costo para navieras, aseguradoras y dueños de carga. La seguridad de la vía es un activo económico; también lo es la percepción de que Panamá la administra de forma neutral.
Ahí está la dificultad central de la visita de Hegseth. Una cooperación eficaz puede reforzar la confianza en el Canal. Una puesta en escena excesivamente alineada con una sola potencia puede producir el efecto contrario entre otros usuarios. La mejor política panameña no es escoger entre cooperación y soberanía. Es construir una cooperación tan verificable y limitada que la soberanía deje de depender de promesas.