Ciudad de Panamá, 27 de mayo 2026. La Asamblea Nacional inició este martes el segundo debate del proyecto de ley 641, una reforma al Código Fiscal que redefine las reglas de sustancia económica aplicables a multinacionales establecidas en Panamá y endurece las sanciones para quienes incumplan los nuevos requisitos tributarios.
El paquete de modificaciones, impulsado por los diputados Eduardo Gaitán, Francisco Brea y otros legisladores, forma parte de los ajustes con los que Panamá busca reforzar su marco fiscal frente a los estándares internacionales de transparencia y actividad económica real.
La propuesta establece una tarifa única de 15% sobre la renta neta gravable para las denominadas “entidades no calificadas”, es decir, compañías que no presenten información requerida, incumplan las normas de sustancia económica o suministren datos falsos o inconsistentes.
El texto también introduce exclusiones para sectores regulados. Un nuevo artículo, el 707-N, permitiría exceptuar de las reglas de sustancia económica a bancos, aseguradoras, intermediarios del mercado de valores y administradores de fondos supervisados en Panamá, siempre que las rentas pasivas extranjeras estén vinculadas directamente con su actividad regulada.
El Ministerio de Economía y Finanzas y las superintendencias sectoriales conservarían la facultad de verificar el cumplimiento de esas condiciones. De detectarse irregularidades, las entidades perderían la exclusión y quedarían sujetas al pago del impuesto correspondiente.
La reforma también incorpora un tratamiento especial para la industria marítima. El nuevo artículo 707-M permitiría a armadores, operadores y administradores de naves inscritas en Panamá acreditar sustancia económica mediante su registro y supervisión ante la Autoridad Marítima de Panamá, reconociendo que gran parte de las operaciones del sector ocurre fuera del territorio nacional.
Otro de los cambios flexibiliza las exigencias para sociedades holding y empresas dedicadas únicamente a mantener participaciones o bienes muebles. Estas entidades quedarían exentas de demostrar ciertos requisitos vinculados con toma de decisiones estratégicas o gastos operativos locales, aunque deberán mantener personal, instalaciones y reportes fiscales en Panamá.
La iniciativa además regula la tercerización de actividades relacionadas con rentas pasivas extranjeras. El proyecto establece que los servicios subcontratados solo serán válidos para acreditar sustancia económica si se realizan dentro de Panamá, con personal, infraestructura y documentación adecuada.
El debate legislativo ocurre en momentos en que Panamá busca fortalecer su posición frente a organismos internacionales que exigen mayores controles sobre operaciones multinacionales y rentas de fuente extranjera.