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Durante décadas, buena parte del empresariado latinoamericano operó bajo un dogma tan simple como peligroso, ya que mientras la última línea del estado de resultados marcara azul, el negocio gozaba de perfecta salud. Aquella inercia sirvió para expandir operaciones en períodos de bonanza, pero terminó por pasar factura. Mercados fragmentados, productividad estancada y una erosión profunda de la confianza en el sector privado son las secuelas de un modelo que simplemente agotó su margen de maniobra.
Hoy la foto es distinta, Panamá y la región navegan en un entorno macroeconómico sensiblemente más hostil. La presión por descarbonizar las rutas comerciales, la reconfiguración logística global, la pugna feroz por inversión extranjera directa y una demanda social que exige algo más que empleos cada vez más frágiles, obligan a reescribir las reglas del juego. Seguir midiendo la solidez de una corporación mirando de reojo únicamente el balance trimestral no es solo una miopía estratégica, es un riesgo operativo directo.
Rompamos un mito, hablar de un nuevo contrato social corporativo no es retórica ni corrección política, todo lo contrario, es realismo financiero. La vieja Responsabilidad Social Empresarial —esa filantropía de foto institucional y donativo ocasional— ha quedado atrás, porque ello no sostiene la ventaja competitiva absolutamente de nadie. El comercio global dio un giro hacia estándares esquemas de gobierno rígidos, transparencia y métricas ambientales. Bajo esta nueva lógica la creación de valor compartido (CVC) deja de ser un mensaje de marca para convertirse en una decisión de negocio, se trata de monetizar la solución a los problemas del entorno, ganando eficiencia operativa y creando nuevas líneas de negocio, allí donde antes solo había pasivos sociales.
En LATAM este viraje perdió su carácter optativo, ya que las cadenas globales de valor no preguntan si las empresas quieren ser sostenibles, demandan trazabilidad, auditoría ambiental y cumplimiento ético riguroso. Quien pretenda competir únicamente recortando costes de producción se encamina a un punto ciego. El auge del nearshoring y la presión por descarbonizar están elevando las barreras de entrada al comercio internacional.
Panamá tiene el escenario montado, pero el tiempo corre y su posición geográfica y su infraestructura logística ya no constituyen un cheque en blanco. Y es que las multinacionales radicadas en el país responden a casas matrices sujetas a estrictas normativas europeas y norteamericanas en materia de derechos humanos y sostenibilidad. Esto significa que el tejido productivo local debe alinearse o prepararse para quedar fuera de las licitaciones.
La discusión por ende, no es si Panamá debe girar, sino con qué rapidez concretará el cambio. Más allá de las distintas rutas que se plantean en el ámbito directivo, la agenda impone una intervención inmediata en tres frentes críticos.
El primero es la gobernanza real, pues implica tocar la mesa de directorio para incorporar gestión de riesgos no financieros, paridad de liderazgo y absoluta opacidad cero y es que en el mercado contemporáneo, la falta de transparencia dejó de ser un secreto bien guardado para convertirse en un sobrecosto financiero explícito.
El segundo punto de quiebre es la reconversión productiva, donde la economía circular y la reducción de la huella de carbono dejan de ser asuntos de marketing para convertirse en especificaciones técnicas del producto. Si Panamá logra certificar su oferta logística y manufacturera bajo sellos de carbono neutralidad, habrá construido un foso defensivo frente a competidores regionales.
Por último, el cuello de botella del capital humano y he aquí el meollo del tema, el país necesita fortalecer su estructura laboral, para ello es necesario procesos profesionalizados, no simples títulos universitarios sin anclaje práctico. La productividad no brota del entusiasmo, sino de metodologías, estándares y sistemas de gestión estrictos. Formalizar el trabajo, capacitar técnicamente e integrar a los proveedores locales a las cadenas de valor internacionales es la única forma de blindar el mercado interno.
Aclarémoslo para evitar confusiones, este nuevo contrato social no pretende que la empresa privada suplante las obligaciones históricas del Estado, por el contrario, pretende algo más elemental, un empresario capaz de comprender que no existen empresas sanas en entornos deteriorados, la realidad es que un mercado cohesionado, con reglas claras e instituciones predecibles, disminuye drásticamente el costo de hacer negocios y Panamá posee una capacidad articuladora privilegiada para atraer capital y conectar mercados.
Así que, La sostenibilidad ya no se proclama, se mide, se gestiona y condiciona la solvencia y la competitividad, por ende las empresas que asimilen su entorno como parte integral de su modelo operativo liderarán el mercado, las demás, pasarán a ser notas a pie de página en la historia económica de la región.