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Panamá necesita invertir alrededor de US$19.000 millones antes de 2030 para reducir sus carencias de infraestructura. La cifra equivale a casi dos programas anuales de inversión pública como el aprobado para 2026. También revela una dificultad menos visible: conseguir el dinero será apenas la primera parte del trabajo.
La estimación fue presentada por la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas durante el Foro Económico Empresarial organizado por la Cámara Panameña de la Construcción. El cálculo, atribuido al BID y a CAF, comprende infraestructura nueva, mantenimiento y servicios que llevan años acumulando rezagos.
El desglose conocido previamente sitúa unos US$12.323 millones en obras nuevas y US$6.688 millones en mantenimiento. Cerca de US$5.500 millones —el 29% del total— corresponderían solamente a agua potable, saneamiento, drenajes pluviales, control de inundaciones y riego.
| La brecha hacia 2030 | Monto aproximado | Lectura |
|---|---|---|
| Infraestructura total | US$19.000 millones | Obras nuevas y mantenimiento |
| Infraestructura nueva | US$12.323 millones | 65% del total estimado |
| Mantenimiento | US$6.688 millones | 35% del total estimado |
| Agua y resiliencia hídrica | US$5.500 millones | 29% de la brecha total |
| Plan de BID Invest 2026-2027 | US$1.000 millones | Capital catalizador, no cobertura completa |
Una factura que no cabe en un solo presupuesto
El Presupuesto General del Estado de 2026 contempla un programa de inversiones de US$11.188 millones, 26% más que en 2025. La comparación con la brecha de US$19.000 millones ayuda a visualizar su tamaño, pero ambos números no son equivalentes.
El programa presupuestario incluye inversión física y social, transferencias y proyectos que no necesariamente forman parte del cálculo de infraestructura. Además, una asignación aprobada no es lo mismo que una obra contratada, ejecutada y puesta en servicio.
Si los US$19.000 millones se distribuyeran mecánicamente entre 2026 y 2030, representarían unos US$3.800 millones anuales. No es un calendario oficial, pero ilustra el ritmo que tendría que sostenerse. El reto aumenta porque Panamá también intenta reducir su déficit fiscal a 3,5% del PIB y contener una deuda pública que limita el espacio para financiar todo directamente.
El dinero privado puede acelerar; no sustituye al Estado
BID Invest anunció que proyecta movilizar US$1.000 millones en Panamá durante 2026 y 2027. El plan contempla préstamos de largo plazo, garantías, asesoría para estructurar proyectos y apoyo a asociaciones público-privadas.
Ese monto equivale a poco más de 5% de la brecha estimada. Su importancia no radica en cubrirla por completo, sino en atraer capital adicional y hacer financiables proyectos que el Estado no podría desarrollar con la misma rapidez.
La cartera de APP incluye la rehabilitación y el mantenimiento de 438 kilómetros de la carretera Panamericana. La SNAPP estima que el proyecto podría generar 6.000 empleos directos y 20.000 indirectos. Son proyecciones, no puestos creados todavía, y dependerán del cronograma, el cierre financiero y la ejecución efectiva.
Las APP permiten distribuir pagos durante varios años y trasladar al operador privado ciertas obligaciones de construcción y mantenimiento. Pero no convierten una obra en gratuita. El Estado puede asumir pagos futuros, garantías y compromisos contingentes que deben registrarse con transparencia para que no aparezcan después como deuda inesperada.
El Banco Mundial ha respaldado precisamente reformas para que Panamá evalúe y registre mejor esos compromisos. La calidad del modelo dependerá de seleccionar proyectos por su beneficio económico y social, no únicamente porque puedan colocarse fuera del presupuesto inmediato.
Agua: la infraestructura que determina a las demás
Los US$5.500 millones identificados para agua y resiliencia hídrica muestran que la brecha no se limita a autopistas, puentes o trenes. Incluye potabilización, alcantarillado, drenaje, riego y protección contra inundaciones: sistemas que afectan directamente la salud, la producción y la posibilidad de construir.
El BID aprobó una operación de US$200 millones vinculada con reformas de agua, saneamiento y energía. CAF, por su parte, mantiene una línea de hasta US$491 millones para mejorar y ampliar el saneamiento, cuyo primer préstamo supera US$250 millones.
Son avances relevantes, aunque menores frente al tamaño del faltante. La meta planteada con apoyo del BID es que, para 2030, todos los hogares tengan agua potable continua y los hogares urbanos dispongan de alcantarillado. Cumplirla requerirá obras, pero también mejor administración, mantenimiento preventivo, medición y reducción de fugas.
La economía crece, pero el empleo no acompaña igual
El Banco Mundial proyecta que Panamá crecerá 3,9% en 2026; el Fondo Monetario Internacional calcula 3,8%. Son tasas superiores al promedio regional, aunque menores a las expansiones extraordinarias que siguieron a grandes proyectos como la ampliación del Canal.
Al mismo tiempo, el desempleo total alcanzó 10,4% en 2025, unas 227.302 personas, según el INEC. La infraestructura vuelve a ocupar el centro del debate porque puede generar trabajo durante la construcción y reducir costos para otras actividades cuando comienza a operar.
Ese efecto no es automático. Una obra mal priorizada puede crear empleo temporal sin elevar la productividad. Una carretera sin mantenimiento, una planta sin capacidad operativa o un sistema construido sin conexión con la demanda terminan convirtiéndose en activos costosos y poco útiles.
El verdadero cuello de botella
Representantes del sector público, la banca multilateral y la construcción coincidieron en que Panamá debe acelerar permisos y estructuración. La simplificación puede reducir años de espera, pero no debería confundirse con debilitar controles ambientales, competencia o consulta ciudadana.
La demora encarece proyectos por inflación, intereses y rediseños. La prisa sin estudios también cuesta: genera adendas, litigios y obras que luego requieren reparaciones. La capacidad institucional consiste en avanzar con rapidez suficiente y, al mismo tiempo, dejar evidencia verificable de por qué se eligió cada proyecto y cuánto comprometerá al Estado.
Panamá cuenta con una economía dolarizada, un centro financiero y activos logísticos capaces de atraer capital. También conserva grado de inversión, aunque las agencias y organismos multilaterales observan de cerca la consolidación fiscal. Esa combinación hace posibles las APP, pero exige disciplina para no usar el financiamiento privado como una forma de aplazar obligaciones.
La brecha de US$19.000 millones no es una lista de compras. Es una medida de cuánto pierde el país cuando el agua no llega, la carga se demora, una carretera se deteriora o una inundación interrumpe una comunidad. Cerrarla dependerá menos de anunciar el monto que de ordenar proyectos, publicar sus costos completos y mantenerlos funcionando después de la inauguración.
Este análisis parte de la información presentada en el Foro Económico Empresarial de CAPAC y la contrasta con datos del MEF, INEC, BID, CAF, Banco Mundial y FMI. Las estimaciones de inversión describen necesidades y planes; no equivalen a desembolsos ya ejecutados.