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La comisión ministerial que evalúa el futuro de Cobre Panamá debe entregar su recomendación al presidente José Raúl Mulino antes de que termine el año. La integran el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto a los titulares de Comercio e Industrias y de Ambiente.
El punto de partida sigue siendo el mismo desde hace casi tres años. La Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato de concesión en noviembre de 2023 y la mina, operada por Minera Panamá —filial de la canadiense First Quantum Minerals—, quedó clausurada. El activo está valorado en torno a los US$10,000 millones.
Lo que cambió este año es que ya existe un diagnóstico técnico. La firma suiza SGS entregó una auditoría integral que la comisión estudia desde hace semanas: quince tomos de unas 1,350 páginas cada uno, más anexos. Es, con diferencia, el examen más detallado que se ha hecho del proyecto.
El resultado fue mayormente favorable. La revisión encontró un cumplimiento del 88% sobre 370 compromisos ambientales, legales, fiscales y operativos. Para un proyecto que lleva tres años detenido y en el centro de una crisis política, no es un número menor.
El 12% restante es donde está la discusión. La auditoría señala debilidades en reforestación, restauración de hábitat y biodiversidad, y advierte sobre pasivos futuros en tres frentes concretos: la presa de relaves, la calidad del agua y el drenaje ácido de roca. Ninguno de los tres se resuelve con una firma.
El reloj corre aunque la mina esté parada
Una mina cerrada no es una mina gratis. First Quantum calcula que sostener el programa de cuidado y mantenimiento cuesta entre US$15 millones y US$17 millones al mes. Es el costo de impedir que la infraestructura se degrade y de que la presa de relaves siga siendo monitoreada mientras nadie decide nada.
Ese gasto encontró una fuente de financiamiento inesperada. En la mina quedaron acopiadas unas 38 millones de toneladas de mineral extraído antes del cierre, con un potencial estimado de 70,000 toneladas de cobre, y el Gobierno se prepara para autorizar su procesamiento.
Antes ya había ocurrido algo parecido con las 120,000 toneladas de concentrado que quedaron varadas en 2023. El Ejecutivo autorizó su exportación y la venta generó US$334 millones. Esos ingresos podrían cubrir el mantenimiento de la mina durante 2026.
La autorización tuvo además un efecto legal. Tras conseguir la salida del concentrado, First Quantum instruyó a sus abogados suspender el arbitraje internacional que mantenía contra Panamá. La disputa no se cerró, pero quedó en pausa mientras las dos partes exploran una salida negociada.
Dos encuestas, dos países
Donde no hay avance es en el consenso. Dos mediciones publicadas con días de diferencia en julio arrojaron resultados opuestos. La de Doxa para Arca Media situó en 50% el apoyo a reabrir la mina, con un 68% que asocia la minería a generación de empleo.
La de La Estrella de Panamá, difundida el 23 de julio, midió lo contrario: 66.4% de rechazo a la reactivación. En esa misma encuesta, 68.7% se manifestó a favor de someter la decisión a un referéndum y 55% consideró que Mulino debería negociar con la empresa.
Conviene decir lo que ninguna de las dos dice. Ni una ni otra publicó tamaño de muestra, margen de error ni metodología de campo. Sin esos datos las cifras no son comparables entre sí, y una diferencia de dieciséis puntos en dos semanas es más probable que venga del cuestionario que de un cambio de opinión real.
Hay un dato en el que sí coinciden con la realidad política. Según Doxa, 79% de los consultados cree que el Gobierno terminará reabriendo la mina. Eso no mide respaldo: mide expectativa. Una parte del país da la decisión por tomada aunque no esté de acuerdo con ella.
Lo que está en juego detrás del número
La aritmética explica la urgencia. Las proyecciones que sitúan el crecimiento de Panamá en 5.57% para 2026 dependen de tres motores: la mina, los puertos y el Canal. Sin la reapertura, ese escenario se sostiene sobre dos patas en lugar de tres.
El empleo es el argumento más repetido y el más difícil de verificar por adelantado. Las estimaciones del sector hablan de unos 50,000 puestos directos e indirectos asociados a la reactivación, a los que se sumarían cerca de 10,000 vinculados a nuevos proyectos portuarios.
En la otra columna está lo ya perdido. El propio Ministerio de Economía y Finanzas cifró en B/.6,300 millones el costo acumulado del cierre para el país, entre ingresos fiscales no percibidos, actividad económica interrumpida y efectos sobre la cadena de proveedores.
Lo que todavía falta
La recomendación no es la decisión. La comisión entrega un informe; quien resuelve es el presidente. Y aun con una decisión tomada, queda el problema de fondo que originó todo: el fallo de la Corte anuló el contrato, de modo que cualquier reapertura necesita un marco legal nuevo que resista una revisión constitucional.
Ese es el punto que ninguna auditoría técnica puede resolver, porque no es técnico. La pregunta no es solamente si la mina puede operar cumpliendo estándares, sino bajo qué contrato, con qué regalías y con qué mecanismo de consulta a un país que, según las encuestas disponibles, no tiene una posición única.
Mirada Económica dará seguimiento a la entrega del informe de la comisión ministerial y a las decisiones sobre el procesamiento del mineral acopiado.