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El presidente José Raúl Mulino pidió este miércoles una coordinación más estrecha entre el Gobierno y el sector privado para convertir las ventajas logísticas y geográficas de Panamá en inversión, productividad y empleo. El llamado abrió el XVIII Foro Nacional para la Competitividad, una cita organizada por el Centro Nacional de Competitividad (CNC) que reunió a empresarios, autoridades y representantes de la academia.
El planteamiento coloca la discusión en un terreno conocido para la economía panameña: la distancia entre las condiciones que atraen capital y la capacidad institucional para ejecutar proyectos, reducir costos y sostener políticas públicas. Mulino presentó una agenda que combina reformas legales, digitalización del Estado y formación de talento; el alcance de esas iniciativas dependerá de su puesta en práctica y de indicadores que permitan medirlas.
Durante su intervención, el mandatario citó un crecimiento de 8,21% del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en julio, atribuido a un reporte de la Contraloría, y lo presentó como el mayor registro de los últimos tres años. El dato describe un momento de la actividad económica; por sí solo, sin embargo, no resuelve los retos de largo plazo que suelen pesar sobre la competitividad, como la ejecución de infraestructura, la calidad de los trámites y la conexión entre educación y empleo.
Uno de los instrumentos señalados por el Ejecutivo es el proyecto de ley aprobado recientemente por el Consejo de Gabinete para modernizar el régimen de asociaciones público-privadas. La propuesta aún debe pasar por la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley. Solo entonces podrá evaluarse si reduce los tiempos de estructuración de proyectos y mejora las condiciones de financiamiento, dos de los objetivos citados por el Gobierno.
Mulino también mencionó una reingeniería de la administración pública a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). La promesa de simplificar procesos es recurrente en los diagnósticos empresariales; el punto de comparación será si los cambios se traducen en plazos más cortos, menos requisitos y servicios que funcionen de forma consistente para ciudadanos y empresas.
En materia de empleo, el presidente destacó la Ley de Pasantías y el programa Talent Up, enfocado en programación, ciberseguridad y tecnologías disruptivas. También anunció una articulación de ProPanamá con SENACYT, INADEH e ITSE para acercar la formación a las necesidades del mercado. La Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, dirigida por Kristelle Getzler, tendrá el encargo de medir la empleabilidad de los graduados de universidades públicas. Esa medición puede ofrecer una base para contrastar la oferta académica con las contrataciones efectivas.
El mandatario incluyó la reputación internacional entre los pilares de la estrategia y citó la salida de Panamá de la lista de terceros países de alto riesgo de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A ello sumó la aplicación de la legislación sobre sustancia económica y el lanzamiento de la marca país “Panamá, Anfitrión del Mundo”.
El CNC describe su Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 como un marco de 12 áreas clave, 26 objetivos, 141 acciones y 681 hitos. Ese marco ilustra la escala del desafío: las alianzas y los anuncios pueden ordenar prioridades, pero la competitividad se comprueba en resultados que se puedan seguir, desde la inversión y los permisos hasta la empleabilidad y la ejecución de obras.
Fuentes de contexto: Centro Nacional de Competitividad · Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.