Ciudad de Panamá, 18 de junio 2026. La lucha contra la insuficiencia renal en Panamá avanza en dos direcciones opuestas: mientras la Caja de Seguro Social (CSS) acelera la expansión de su red de hemodiálisis para responder a una demanda creciente, una clínica privada que atiende pacientes remitidos por el sistema público advierte que podría verse obligada a limitar sus servicios debido a una deuda estatal de 1.4 millones de dólares.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío. En diciembre de 2024, la CSS atendía a 2,277 pacientes en hemodiálisis. Para abril de 2026, el número había escalado a 2,438, un aumento de 161 pacientes, equivalente a más del 7% en apenas 16 meses.
Detrás de ese crecimiento están dos de las enfermedades crónicas que más presionan al sistema sanitario panameño: la diabetes y la hipertensión. Actualmente, cuatro de cada cinco personas que reciben terapia de sustitución renal dependen de la hemodiálisis para mantenerse con vida.
Ante el aumento sostenido de casos, la CSS inauguró una nueva sala de hemodiálisis en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Calidonia. La instalación cuenta con 27 máquinas de última generación y capacidad para atender hasta 150 pacientes distribuidos en tres turnos diarios.
La nueva unidad busca ampliar la cobertura y aliviar la presión sobre otros centros de atención renal. Además, permitirá trasladar a pacientes que eran atendidos en la unidad Metro 3 del Hospital Santo Tomás hacia una instalación propia de la CSS, mejorando la capacidad operativa del sistema.
La apertura forma parte de un ambicioso plan nacional que contempla una inversión de 178 millones de dólares para la construcción y equipamiento de nuevas salas de hemodiálisis en todo el país, incluyendo la instalación de unas 500 máquinas. Las autoridades también anunciaron la próxima inauguración de una moderna sala en el Hospital Dr. Rafael Hernández, en David, así como proyectos en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, Penonomé, Antón y Panamá Oeste.
Sin embargo, el esfuerzo de expansión ocurre en medio de una creciente controversia financiera.
Una clínica privada que atiende a cerca de 100 pacientes remitidos por el Ministerio de Salud y el Hospital Santo Tomás denunció que lleva nueve meses operando sin recibir los pagos correspondientes por parte del Estado.
Según los directivos del centro, la atención de estos pacientes representa un costo mensual cercano a los 175 mil dólares, monto que la empresa ha absorbido mientras espera la actualización y refrendo del contrato.
“Llevamos nueve meses sufragando la atención de estos pacientes. Necesitamos que el Ministerio de Salud actualice el contrato, lo refrende y realice los pagos correspondientes”, señalaron representantes de la clínica.
La deuda acumulada alcanza aproximadamente 1.4 millones de dólares.
El centro asegura que, ante la creciente demanda, amplió su capacidad con una segunda sala y tiene lista una tercera unidad que podría atender a unos 40 pacientes adicionales, contribuyendo a reducir la presión sobre los servicios públicos de diálisis. No obstante, advierte que la expansión permanecerá detenida mientras persista la mora gubernamental.
La paradoja ilustra uno de los mayores desafíos del sistema de salud panameño: mientras el número de pacientes renales sigue creciendo y las autoridades invierten millones para ampliar la infraestructura, la sostenibilidad de parte de la red de atención depende de pagos que aún no llegan.
Para miles de pacientes que necesitan conectarse varias veces por semana a una máquina para seguir viviendo, la diferencia entre una sala inaugurada y una deuda pendiente puede significar mucho más que una cifra en un presupuesto.