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La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) respaldó este lunes el uso de la auditoría integral de SGS como base para evaluar el futuro de Cobre Panamá, pero pidió que el proceso concluya en un plazo razonable para reducir la incertidumbre que rodea al proyecto.
El pronunciamiento se produjo después de que los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente, presentaran los criterios que guiarán el análisis del informe. El Gobierno indicó que espera tomar una decisión antes de que finalice 2026 y que no contempla restablecer la concesión en los términos declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
La posición de CAMIPA
En un comunicado, el gremio sostuvo que la revisión técnica permite trasladar la discusión desde las percepciones hacia hechos verificables. También valoró que el Ejecutivo haya reiterado que cualquier salida deberá ajustarse a la Constitución, al marco legal vigente y a la evidencia recopilada por la firma auditora.
CAMIPA afirmó que prolongar la indefinición tiene efectos sobre el empleo, la inversión, las comunidades, la confianza y la competitividad. Esas advertencias expresan la posición del gremio minero: el comunicado no presentó una estimación independiente del costo ni propuso una fórmula jurídica específica para el proyecto.
La organización añadió que está dispuesta a colaborar con las autoridades, la academia y la sociedad civil en el fortalecimiento de la institucionalidad minera, la gestión ambiental y la capacidad de fiscalización del Estado. Su planteamiento central fue que el rigor técnico y la oportunidad de la decisión deben avanzar juntos.
Qué examinó la auditoría de SGS
SGS Panama Control Services entregó el informe final de la auditoría integral el 19 de junio. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el trabajo revisó componentes legales, administrativos, fiscales, tributarios, ambientales, técnicos y operacionales, además de riesgos y pasivos ambientales.
La evaluación incluyó los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental de categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental. SGS combinó revisión documental, inspecciones de campo y contraste de la información con evidencia verificada en el sitio. Los resultados quedaron organizados en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.
El reporte identificó cumplimiento en la mayor parte de los compromisos, junto con asuntos que requieren seguimiento en áreas como biodiversidad, restauración ecológica, gestión administrativa y articulación del monitoreo ambiental. El propio Ministerio de Ambiente subrayó que el documento es una radiografía técnica del período auditado y no una decisión sobre el futuro de la mina.
Mirada Económica examinó los principales resultados de la auditoría cuando el informe fue entregado. La nueva etapa consiste en determinar qué consecuencias legales, ambientales, económicas y sociales deben derivarse de esos hallazgos.
El Gobierno fija como horizonte el cierre de 2026
La comisión integrada por Moltó, Chapman y Navarro informó este lunes que el país necesita una solución definitiva antes de terminar el año. Según la presentación de los tres ministros, la recomendación al presidente José Raúl Mulino deberá considerar el impacto socioeconómico del cierre, los riesgos ambientales que persisten y el marco constitucional.
Moltó reiteró que el contrato anterior no será restablecido, tras la sentencia que declaró inconstitucional la Ley 406. El ministro también citó estimaciones oficiales de más de 40,800 empleos directos e indirectos perdidos, unas 170,000 personas afectadas al incluir dependientes y un aumento del desempleo en Coclé de 4% a 13%. Son cifras presentadas por el Ejecutivo para dimensionar el impacto del cierre.
La comisión señaló además que ha sostenido reuniones con autoridades locales de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos, así como con otros actores de las comunidades próximas al proyecto. Esa consulta será relevante porque las consecuencias económicas y ambientales no se distribuyen de la misma forma en todo el país.
Una decisión que no depende de un solo indicador
La auditoría aporta una base común de información, pero no resuelve por sí sola el conflicto. La decisión deberá explicar cómo se atenderán los hallazgos ambientales, cuál es la alternativa jurídicamente compatible con la sentencia de la Corte y cómo se ponderarán los efectos fiscales, laborales y comunitarios.
CAMIPA ha pedido rapidez para recuperar certidumbre. El Ejecutivo, por su parte, ha fijado un horizonte temporal y ha descartado volver al esquema contractual anterior. Mientras no exista una resolución formal y motivada, el futuro de Cobre Panamá continuará abierto, aunque la discusión cuenta ahora con un informe técnico y un plazo político más definidos.