Ciudad de Panamá, 24 de julio 2026. A menos de un mes del inicio del primer periodo ordinario de sesiones de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional ya acumula 49 anteproyectos de ley, una agenda que abarca desde la protección de los consumidores financieros hasta el acceso a medicamentos, el uso de terrenos abandonados y nuevas normas para fortalecer la transparencia en el sector público.
Entre las propuestas de mayor alcance figura el anteproyecto presentado por el diputado Jorge Bloise, para regular el servicio de estacionamientos públicos y privados, una actividad que hasta ahora carece de una normativa específica. El anteproyecto pretende definir responsabilidades de los operadores frente a pérdidas o daños sufridos por los usuarios, establecer estándares mínimos de seguridad y fijar reglas claras para las indemnizaciones y la prestación del servicio.
En materia de eficiencia estatal, otro de los anteproyectos propone reducir el gasto público en alquiler de oficinas, obligando a las instituciones a justificar nuevos contratos y priorizar el uso de edificios estatales disponibles antes de arrendar inmuebles privados. La medida busca optimizar los recursos públicos y disminuir los costos administrativos del Estado.
La agenda legislativa también incorpora iniciativas orientadas a la ética pública y la transparencia política. Una propuesta ciudadana, promovida por Abdiel González Tejeira, busca tipificar el transfuguismo político como delito, argumentando que el cambio de partido o bancada por parte de funcionarios electos desvirtúa la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y debilita la representación democrática.
Otra iniciativa pretende convertir en delito la venta clandestina de billetes y chances de la Lotería Nacional, endureciendo las sanciones contra quienes comercialicen estos productos al margen de los canales autorizados y protegiendo los recursos destinados a programas sociales.
La diputada Grace Hernández presentó el anteproyecto que crea el Programa de Aprovechamiento Comunitario Voluntario y Temporal de Terrenos sin Uso, una propuesta que permitiría convertir lotes baldíos o abandonados en huertos urbanos, estacionamientos comunitarios, ferias de emprendedores, mercados temporales y espacios recreativos mediante acuerdos voluntarios entre propietarios y juntas comunales. La iniciativa busca recuperar áreas deterioradas sin afectar los derechos de propiedad.
Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño impulsa dos iniciativas de alto impacto social. La primera establece un procedimiento para que las familias tengan una oportunidad preferente de recuperar viviendas o inmuebles adjudicados a bancos tras procesos de ejecución hipotecaria, mediante mecanismos transparentes de comercialización que eviten conflictos de interés y garanticen igualdad de condiciones para los antiguos propietarios.
La segunda crea un Procedimiento Especial de Compensación y Reembolso por Desabastecimiento de Medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS). La propuesta permitiría que los asegurados sean compensados cuando la institución no pueda suministrar oportunamente los medicamentos prescritos, estableciendo plazos definidos, requisitos claros y mecanismos de auditoría para proteger tanto a los pacientes como a los recursos públicos.
Aunque la mayoría de estas iniciativas apenas inicia su recorrido legislativo y deberán superar el análisis en las comisiones permanentes antes de llegar a primer debate, reflejan una agenda enfocada en temas de alto impacto ciudadano: salud, vivienda, protección al consumidor, transparencia política y eficiencia del Estado.
Con 49 anteproyectos presentados en apenas unas semanas, la Asamblea Nacional marca un inicio de sesiones con una intensa actividad legislativa. Ahora el verdadero desafío será convertir las propuestas en leyes viables, consensuadas y con impacto real.
El debate en las comisiones determinará cuáles iniciativas avanzarán y cuáles quedarán archivadas. El ritmo de este primer mes anticipa un periodo legislativo en el que las decisiones del Pleno tendrán efectos directos sobre la economía, los servicios públicos y la vida cotidiana de los panameños.