Ciudad de Panamá, 19 de junio 2026. La discusión sobre el futuro de la mina de cobre más grande de Panamá acaba de entrar en una nueva fase. Después de meses de revisión técnica, el Estado recibió este viernes el informe final de la auditoría integral realizada al proyecto Cobre Panamá, un documento que ofrece la radiografía más completa hasta la fecha sobre el estado legal, ambiental, fiscal y operativo de una operación que sigue dividiendo al país.
El Ministerio de Ambiente informó que la multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc. entregó el informe final en cumplimiento del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025. La evaluación, desarrollada por la firma internacional Société Générale de Surveillance (SGS), examinó de manera independiente el desempeño del proyecto, incluyendo los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Informe de la MIna Aquí.
La conclusión principal es contundente: la mina cumple con la mayoría de sus obligaciones ambientales y operativas. Sin embargo, la auditoría también identifica áreas sensibles que requieren atención inmediata, especialmente en materia de biodiversidad, restauración ecológica, monitoreo ambiental y gestión administrativa.
Lejos de presentar un escenario de incumplimiento generalizado, el informe describe un proyecto con fortalezas operativas significativas, pero con desafíos que demandan correcciones y seguimiento permanente.
Para llegar a sus conclusiones, los auditores realizaron inspecciones de campo, análisis técnicos, revisión documental y verificación de evidencias en sitio. El resultado quedó plasmado en 15 tomos temáticos organizados en cuatro grandes componentes de evaluación.
En el ámbito legal, administrativo, fiscal y tributario, la auditoría revisó el cumplimiento de obligaciones regulatorias y recomendó fortalecer algunos mecanismos de control. En la dimensión ambiental, encontró avances importantes, aunque señaló oportunidades de mejora en la protección de ecosistemas, la gestión de recursos hídricos y los procesos de restauración ecológica.
El componente técnico y operacional evaluó infraestructura crítica, mantenimiento y estándares internacionales de operación, mientras que el análisis de riesgos y pasivos ambientales examinó impactos acumulativos, medidas de mitigación y estrategias de gestión de largo plazo.
Las autoridades enfatizaron que los hallazgos detectados no constituyen fallas estructurales ni comprometen las conclusiones generales del informe. No obstante, advirtieron que los puntos identificados deberán ser atendidos mediante acciones correctivas específicas.
Para el Gobierno, el documento representa una herramienta clave en uno de los debates más trascendentales para la economía panameña. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo que, por primera vez, el Estado dispone de una evaluación objetiva, documentada y verificable sobre la situación real del proyecto.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Comercio insistieron en que la auditoría no determina el futuro de la mina. Su función es servir como base técnica para la toma de decisiones que deberán considerar factores ambientales, económicos, laborales y sociales dentro del marco legal vigente.
El informe completo, junto con los seis reportes parciales divulgados previamente, será publicado para consulta pública como parte de los compromisos de transparencia gubernamental.
La auditoría responde una pregunta importante: cómo está hoy la mina. Pero deja abierta la más compleja de todas: qué está dispuesto a hacer Panamá con esa información. La decisión que viene ya no dependerá de los auditores, sino de un país que deberá escoger entre desarrollo económico, protección ambiental y confianza institucional.