Ciudad de Panamá, 10 de junio 2026. El Gobierno impulsa un complejo penitenciario para 3,000 reclusos en Divisa, pero el proyecto desata rechazo local, temores por el impacto social y dudas sobre la inversión en una región que exige obras básicas.
La noticia cayó como una bomba política en el corazón de Herrera. El Gobierno panameño abrió la licitación pública para construir el nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, una megaprisión de $177.2 millones diseñada para albergar hasta 3,000 privados de libertad en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María. Video Aquí del Alcande.
Pero en las calles del distrito, la reacción ha sido de abierta resistencia.
“Somos el portal de Azuero, no el patio de Centroamérica”, declaró el alcalde Iván de León, quien acusa al Gobierno de impulsar un proyecto “inconsulto” que ha generado “incertidumbre y preocupación” entre los residentes.
Una cárcel en medio de escuelas y ríos
El proyecto, publicado el 8 de junio en el portal Panamá Compra, forma parte de la estrategia oficial para enfrentar el severo hacinamiento penitenciario que afecta a las provincias centrales. Las cárceles de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas albergan actualmente más del doble de su capacidad oficial, según datos del Sistema Penitenciario.
Sin embargo, las autoridades locales sostienen que el sitio elegido es inadecuado.
De León advirtió que el complejo estaría cerca de dos instituciones emblemáticas: el Instituto Nacional de Agricultura y el Instituto de Artes Mecánicas. También señaló riesgos ambientales asociados a la proximidad de los ríos Santa María y Cañaza.
“No se puede construir en un área de impacto de riesgo”, afirmó el alcalde, quien cuestionó además que el Estado argumente falta de presupuesto para obras de alcantarillado, calles y educación, mientras destina casi 180 millones de dólares a una prisión.
El temor al golpe económico
La oposición local no se limita a la seguridad. Empresarios y autoridades municipales temen que la cárcel frene los planes para convertir a Santa María en un polo de inversión y zonas francas.
“Con un centro penitenciario, automáticamente la inversión extranjera directa va a bajar”, dijo De León. “Estamos tratando de posicionar a Santa María como una oportunidad económica, no como un símbolo del sistema carcelario”.
El distrito, ubicado en un punto estratégico entre el interior y la península de Azuero, ha buscado atraer desarrollo logístico y empresarial. Para muchos residentes, la imagen de una megaprisión amenaza con eclipsar esas aspiraciones.
La otra cara: el hacinamiento extremo
El Gobierno, por su parte, enfrenta una crisis penitenciaria difícil de ignorar. Las cárceles de la región operan bajo condiciones críticas: Las Tablas registra un hacinamiento de 555%, Santiago de 400% y Penonomé de 330%. En total, más de 1,200 personas exceden la capacidad oficial de los centros penitenciarios de las provincias centrales.
El nuevo complejo busca aliviar esa presión mediante instalaciones con mayores estándares de seguridad, clasificación de internos y programas de rehabilitación.
Pero en Santa María, muchos habitantes sienten que el remedio nacional se está imponiendo a costa del futuro local.
“Que escuchen a la comunidad”
El alcalde hizo un llamado directo a la ministra de Gobierno y al Ejecutivo para abrir un diálogo con las autoridades locales y reconsiderar la ubicación del proyecto.
“Lo que queremos es un proyecto que mejore la calidad de vida, no que genere incertidumbre ni preocupación”, afirmó.
Mientras el proceso de licitación avanza, Santa María se prepara para una disputa que podría convertirse en uno de los conflictos regionales más sensibles del año: la batalla entre la necesidad urgente de reformar el sistema penitenciario y el rechazo de una comunidad que teme cargar con el costo político, social y económico de esa solución.