Pete Hegseth utilizó un discurso en Panamá este miércoles para pedir a los gobiernos de América Latina y el Caribe que conviertan una nueva coalición contra los carteles en una fuerza capaz de realizar operaciones conjuntas, asignar responsabilidades a países concretos y perseguir redes de narcotráfico con métodos que Estados Unidos ha empleado en su campaña regional.
El secretario de Defensa estadounidense dijo que la Coalición Anticarteles de las Américas, conocida por sus siglas en inglés como ACCC o A3C, prepara un plan que deberá ser aprobado en noviembre. Según la presentación del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, los integrantes ya comenzaron a ofrecerse para dirigir acciones en determinadas subregiones o contra amenazas específicas.
“No queremos tener reuniones por tener reuniones”, dijo Donovan antes de cederle la palabra a Hegseth. El general describió grupos de trabajo con objetivos y plazos, evaluaciones periódicas y una nueva reunión en la sede del Comando Sur, en Doral, Florida.
La exposición convirtió a Panamá en el escenario de una propuesta estadounidense más ambiciosa que el intercambio habitual de información policial. Hegseth habló de operaciones militares combinadas, pidió mayores inversiones nacionales en defensa y presentó la campaña de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas como un modelo que otros miembros podrían seguir.
Una coalición que busca pasar a las operaciones
La coalición fue presentada por el Gobierno de Donald Trump en marzo como una asociación de países dispuestos a enfrentar a los carteles con instrumentos policiales y militares. En una conferencia anterior en Florida, Hegseth había advertido que Estados Unidos estaba preparado para actuar por su cuenta si los gobiernos de la región no respondían con suficiente firmeza. The Associated Press informó entonces que la iniciativa reunía principalmente a gobiernos que mantienen relaciones cercanas con Washington.
En Panamá, el tono siguió siendo duro, pero Hegseth dedicó buena parte de su intervención a la colaboración. Agradeció al presidente José Raúl Mulino y al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y dijo que los avances logrados por ambos gobiernos durante el último año ofrecían un ejemplo del tipo de relación que Estados Unidos busca en el hemisferio.
También afirmó que Washington no pretende crear dependencia, sino trabajar con gobiernos que estén dispuestos a invertir en sus propias capacidades. En términos prácticos, eso significa que los países que aporten personal, recursos y autoridad política tendrían prioridad para recibir entrenamiento, inteligencia y apoyo militar estadounidense.
Ese planteamiento favorece a países con fuerzas pequeñas o presupuestos limitados. Estados Unidos puede aportar vigilancia aérea y marítima, análisis de inteligencia y una red de mando que ningún socio centroamericano podría reproducir por sí solo. Para Panamá, situado entre dos océanos y atravesado por rutas de comercio, migración y narcotráfico, el acceso a esas capacidades tiene un valor inmediato.
Hegseth anunció que Colombia será el miembro número 19
Uno de los anuncios principales fue la incorporación de Colombia como el decimonoveno integrante de la coalición. Hegseth aseguró que el nuevo Gobierno colombiano ha solicitado trabajar con Estados Unidos en operaciones conjuntas contra organizaciones designadas como terroristas.
La declaración es significativa porque Colombia posee las fuerzas armadas con mayor experiencia operativa contra grupos armados y narcotraficantes de Sudamérica. Su incorporación ampliaría el alcance de una alianza que nació con una marcada afinidad política entre sus integrantes y que inicialmente no incluyó a varios de los países más grandes de la región.
Hegseth también elogió a Ecuador por participar en operaciones combinadas y mencionó acuerdos con Honduras, Guatemala y Jamaica. Estas afirmaciones fueron presentadas como anuncios del secretario y no todas cuentan todavía con documentos operativos públicos que permitan conocer su alcance, reglas de actuación o mecanismos de supervisión.
En el caso de Colombia, la cooperación llega apenas dos días después del terremoto que afectó al occidente del país. Hegseth inició su intervención expresando condolencias y dijo que los departamentos de Defensa y Estado estaban movilizando ayuda de emergencia para respaldar la respuesta colombiana.
La campaña estadounidense y sus cifras
Hegseth afirmó que la Operación Southern Spear, iniciada hace casi un año, redujo en al menos 65 por ciento el movimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe occidental, 60 por ciento en el Caribe oriental y cerca de 50 por ciento en sectores del Pacífico oriental. También relacionó la campaña con menores flujos de fentanilo y una caída de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Las cifras fueron ofrecidas por el secretario durante el discurso. La transcripción disponible no identifica la metodología, el período exacto de comparación ni la base de datos utilizada. La caída de las sobredosis en Estados Unidos puede tener varias causas, entre ellas una mayor disponibilidad de naloxona, cambios en la composición del mercado ilegal de drogas y programas de tratamiento. Por esa razón, atribuirla únicamente a una operación marítima requiere evidencia adicional.
El Comando Sur ha sostenido que la campaña redujo el movimiento de embarcaciones sospechosas y restauró capacidad de disuasión. Esa es la evaluación oficial estadounidense. El grado en que las rutas se han cerrado, en lugar de desplazarse hacia otras zonas o adoptar técnicas menos visibles, necesitará mediciones independientes durante un período más largo.
La disputa sobre el uso de la fuerza
La parte más controvertida del discurso fue la invitación a tratar a los carteles como organizaciones terroristas y utilizar contra ellos una lógica militar. Hegseth comparó estas redes con Al Qaeda y el grupo Estado Islámico y defendió la legalidad de las operaciones estadounidenses bajo las leyes de los conflictos armados.
También instó a los miembros de la coalición a abandonar la Corte Penal Internacional, a la que acusó de intentar limitar la capacidad de los gobiernos para defenderse. Esa recomendación no forma parte necesaria de una alianza contra el narcotráfico y podría provocar resistencia en países que consideran la Corte una salvaguarda frente a abusos cometidos durante conflictos internos.
La cuestión jurídica no es secundaria. Una operación policial busca detener sospechosos para llevarlos ante un tribunal. Una operación militar puede autorizar fuerza letal contra un objetivo. Trasladar una actividad de una categoría a otra cambia las reglas, el nivel de prueba y la responsabilidad por errores o víctimas civiles.
Estados Unidos sostiene que las organizaciones designadas como terroristas representan una amenaza directa y que la fuerza puede disuadirlas donde las estrategias anteriores fracasaron. Sus críticos responden que la etiqueta de terrorismo no elimina las obligaciones del derecho internacional ni sustituye la necesidad de demostrar quién viaja en una embarcación antes de atacarla.
Panamá como socio y anfitrión
La elección de Panamá para esta reunión tiene una lógica geográfica y política. El país no posee fuerzas armadas, pero administra el Canal y cuenta con servicios de seguridad responsables de costas, fronteras y espacio aéreo. Además, mantiene una relación estrecha con Estados Unidos y puede reunir a ministros de Defensa con autoridades policiales y judiciales.
Hegseth destacó que Panamax se desarrolla este año en territorio panameño por primera vez en 14 años. El ejercicio, que se extiende del 3 al 14 de agosto, reúne a participantes de distintos países para responder a una amenaza simulada contra el Canal y la región. La actividad ofrece una estructura ya existente para practicar la coordinación que la nueva coalición quiere utilizar contra los carteles.
Para el Gobierno de Mulino, la cooperación puede producir acceso a tecnología, entrenamiento y capacidad de vigilancia. También obliga a explicar dónde termina el apoyo y dónde comienza una operación militar. El presidente ha dicho que Panamá no aceptará bases extranjeras y que conservará el control de su territorio.
La relación con Washington, sin embargo, ofrece a Panamá recursos difíciles de conseguir en otra parte y refuerza la seguridad de una vía esencial para la economía nacional. El reto será convertir ese beneficio en una política transparente que conserve el mando civil panameño y evite que las decisiones operativas sean percibidas como imposiciones.
Una doctrina más amplia para el hemisferio
Hegseth vinculó la coalición con lo que llamó el “corolario Trump” de la Doctrina Monroe. Dijo que Estados Unidos impediría que adversarios externos colocaran fuerzas o capacidades amenazantes en el hemisferio y elogió a Panamá por resistir lo que describió como coerción extranjera.
La formulación recupera una tradición de política exterior según la cual la seguridad estadounidense comienza en sus países vecinos. Para sus partidarios, representa el regreso de Washington a una región que recibió menos atención mientras Estados Unidos libraba guerras en otras partes del mundo. Para sus detractores, revive una doctrina históricamente asociada con intervenciones y relaciones desiguales.
Hegseth intentó anticipar esa crítica. Afirmó que Estados Unidos no busca dominación ni dependencia y que cada país conservará su soberanía. Al mismo tiempo, pidió a los socios gastar más en defensa, considerar acuerdos sobre el estatus de fuerzas estadounidenses y demostrar que están dispuestos a participar en acciones concretas.
La coalición será evaluada por esa tensión. Estados Unidos posee la capacidad para darle rapidez, inteligencia y alcance regional. Los demás integrantes deberán decidir cuánto poder operativo comparten, qué controles exigen y qué ocurre cuando sus leyes nacionales no coinciden con la estrategia de Washington.
El plazo de noviembre
Donovan dijo que el plan de campaña deberá estar listo para noviembre, cuando los miembros volverán a reunirse en Florida. Antes de esa fecha deberán definir países líderes, responsabilidades, objetivos y métodos para medir resultados.
Ese calendario convierte el discurso de Panamá en algo más que una declaración política. Si los gobiernos cumplen lo anunciado, la A3C podría convertirse en la estructura de seguridad regional más orientada a operaciones desde el final de la Guerra Fría. Si no acuerdan reglas, financiamiento y supervisión, corre el riesgo de quedar como otra sigla acompañada de comunicados.
Hegseth cerró con una frase deliberadamente sencilla sobre “hacer cosas malas a personas malas”. Su atractivo político es evidente. El trabajo que comienza ahora será definir quién toma esa decisión, con qué pruebas y bajo qué ley. La respuesta determinará si la coalición fortalece la seguridad que promete o abre una disputa nueva sobre el poder de Estados Unidos en América Latina.