Panamá vuelve a ocupar un lugar central en un escenario que históricamente ha obligado al país a caminar sobre una línea delicada: proteger la seguridad de una de las rutas comerciales más importantes del mundo sin convertir su territorio en una plataforma militar de intereses ajenos.
Con el inicio de Panamax 2026, un ejercicio multinacional que reúne a unos 1,700 uniformados de siete países, las autoridades defienden la necesidad de prepararse frente al crimen organizado, los ciberataques, las amenazas híbridas y las emergencias.
Pero las preguntas sobre soberanía y neutralidad planteadas por organizaciones sociales no pueden ser descartadas como una simple controversia política.
El Canal de Panamá no es una instalación militar ni pertenece a una potencia extranjera. Es una infraestructura estratégica administrada por Panamá y una pieza fundamental del comercio mundial.
Desde su inauguración en 1914 hasta la transferencia plena de su administración a Panamá, el 31 de diciembre de 1999, el Canal estuvo estrechamente vinculado a la presencia y al poder de Estados Unidos en el istmo.
La recuperación de la soberanía sobre la vía interoceánica fue el resultado de décadas de negociación, presión social y diplomacia, cristalizadas en los Tratados Torrijos-Carter de 1977.
Esa historia explica por qué cualquier actividad militar vinculada a la seguridad del Canal despierta en Panamá una sensibilidad que no puede ser ignorada.
Panamax 2026 se presenta oficialmente como un ejercicio de cooperación y preparación. Fuerzas de Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, México y República Dominicana participan en operaciones simultáneas en el Pacífico y el Caribe.
Los ejercicios incluyen patrullajes, interdicción marítima, protección de rutas estratégicas y entrenamiento conjunto.
La lógica militar es comprensible. Las amenazas contemporáneas no respetan fronteras y el Canal, por su importancia económica, puede convertirse en un objetivo atractivo para actores criminales o grupos capaces de explotar vulnerabilidades tecnológicas y logísticas.
Sin embargo, la seguridad no debe convertirse en una palabra que cierre el debate.
Organizaciones como el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales han cuestionado el alcance de la cooperación militar entre Panamá y Estados Unidos y han advertido sobre los riesgos que, a su juicio, podría implicar el memorando suscrito entre ambos países en abril de 2025.
Esas denuncias requieren ser examinadas con documentos, transparencia y debate público, no con consignas.
La verdadera fortaleza de una democracia consiste precisamente en permitir que las decisiones relacionadas con soberanía, defensa y seguridad nacional sean sometidas al escrutinio ciudadano.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar con precisión que la protección del Canal no significa militarizar Panamá ni comprometer su histórica condición de país neutral.
La cooperación internacional puede fortalecer capacidades, pero no debe generar ambigüedades sobre quién toma las decisiones en territorio panameño.
Panamax 2026 puede ser una oportunidad legítima para mejorar la coordinación frente a amenazas reales. Pero también debe ser una oportunidad para reafirmar un principio más profundo: la seguridad del Canal y la seguridad de Panamá deben estar al servicio de los intereses nacionales.
En un país cuya historia está marcada por la presencia militar extranjera, la transparencia no es un lujo diplomático. Es parte esencial de la soberanía.