Ciudad de Panamá,, 4 de agosto 2026. Las empresas distribuidoras de electricidad enfrentarían un marco regulatorio más estricto en Panamá, con multas de hasta B/.20 millones y la posibilidad de ser intervenidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) cuando incumplan con la calidad del servicio o sus obligaciones contractuales.
El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que reforma la legislación eléctrica de 1997 con el objetivo de responder a las persistentes quejas de los usuarios por apagones, fluctuaciones de voltaje, daños a electrodomésticos y demoras en la atención de reclamos.