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La Fiscalía Anticorrupción aprehendió este lunes a dos personas en la denominada Operación Cuestor, entre ellas a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
La Procuraduría General de la Nación informó que el expediente atribuye de manera preliminar una presunta lesión patrimonial de B/.724,682.39. El comunicado oficial no identifica por nombre al antiguo funcionario; medios panameños identificaron al aprehendido como De Gracia, quien dirigió la DGI durante la administración 2019-2024.
Una aprehensión es una medida dentro de la investigación y no constituye una condena. Al cierre de esta publicación, el Ministerio Público no había informado públicamente si ya se celebró una audiencia de imputación ni qué medidas cautelares solicitará. De Gracia y la segunda persona aprehendida conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Una auditoría dio origen a la operación
Según la Fiscalía, la investigación comenzó en mayo de 2026 después de recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Ese documento habría detectado un incremento patrimonial que, de acuerdo con la tesis preliminar de los investigadores, no fue justificado.
Las diligencias se realizaron en distintos puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. La Procuraduría señaló que la operación seguía abierta al momento de divulgar el primer balance y que hasta entonces se habían efectuado dos aprehensiones.
La identificación de De Gracia conecta el expediente con una de las principales dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas. La DGI administra la recaudación tributaria, fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones fiscales y opera plataformas críticas como e‑Tax. De Gracia estuvo al frente de esa dirección durante el gobierno anterior.
Inmuebles, vehículos y cuentas bancarias
Como parte de las actuaciones, la Fiscalía ordenó la aprehensión de tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama y cuatro cuentas bancarias presuntamente relacionados con los hechos investigados. El comunicado menciona vehículos Toyota Prado, Lexus y BMW, pero no publica su valor individual, los saldos de las cuentas ni la titularidad de cada activo.
La cautelación de esos bienes busca mantenerlos a disposición de la investigación. No significa, por sí misma, que hayan sido adquiridos con fondos ilícitos; esa relación deberá ser sustentada por la Fiscalía y sometida al control de los tribunales.
El Código Penal panameño contempla el enriquecimiento injustificado cuando un servidor público incrementa indebidamente su patrimonio, personalmente o mediante otra persona, respecto de sus ingresos legítimos y no puede justificar su procedencia lícita. La investigación también menciona el presunto blanqueo de capitales, aunque la Procuraduría todavía no ha detallado públicamente las operaciones financieras que sustentan esa línea del expediente.
Qué se sabe y qué falta por conocer
De Gracia había defendido anteriormente su gestión en la DGI y afirmado que actuó con transparencia y atendió los requerimientos de las autoridades. Esa posición fue expresada antes de la Operación Cuestor. Hasta el cierre de esta nota no se conocía una reacción pública suya o de su defensa específicamente sobre las aprehensiones de este lunes.
Tampoco existe, en el comunicado oficial, una vinculación expresa entre Cuestor y la Operación Pandora, el expediente sobre la presunta manipulación de créditos fiscales en e‑Tax. Aunque ambos asuntos tienen referencias públicas a la DGI, deben tratarse como investigaciones distintas mientras las autoridades judiciales no establezcan una conexión formal.
Las próximas decisiones relevantes serán la eventual formulación de cargos, la legalización de las diligencias y la definición de medidas cautelares personales y patrimoniales. Esas actuaciones permitirán conocer con mayor precisión la teoría del caso de la Fiscalía y los argumentos de la defensa.