Ciudad de Panamá, 13 de agosto de 2026. La administración del presidente José Raúl Mulino apuesta por una fórmula que podría reducir la carga tributaria para quienes compren determinadas viviendas nuevas, pero que también abre un debate sobre quién terminará capturando el beneficio: las familias, los desarrolladores o ambos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974 y plantea un nuevo esquema para el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la primera venta de determinadas viviendas nuevas. Construcción enero-mayo Aquí..

La propuesta establece una exención sobre los primeros B/.120,000 de la base imponible, sin importar el valor total de la vivienda, siempre que la propiedad cumpla las condiciones previstas en la iniciativa.

Para inmuebles cuya base imponible sea superior a B/.120,000 y no exceda B/.200,000, se aplicaría una tasa preferencial únicamente sobre el monto que supere el tramo exento. Cuando la base imponible exceda B/.200,000, los primeros B/.120,000 continuarían exentos y el excedente quedaría sujeto al régimen general.

El diseño busca evitar que una vivienda pierda de golpe todo el beneficio fiscal por superar determinado umbral de precio. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la intención es concentrar el alivio en segmentos considerados de mayor impacto social.

Chapman defendió la medida bajo una premisa más amplia: que facilitar el acceso a la vivienda también puede convertirse en una política de crecimiento económico. La construcción moviliza a fabricantes de materiales, comercios, bancos, profesionales y trabajadores, además de contribuir a la formación de patrimonio familiar.

Pero el proyecto enfrenta una pregunta central: ¿una reducción del impuesto se traducirá realmente en viviendas más accesibles para los compradores?

Aunque legalmente el ITBI corresponde al vendedor, el Ejecutivo sostiene que la estructura tributaria alrededor de los proyectos inmobiliarios puede afectar los costos, las decisiones de inversión y la viabilidad de nuevas construcciones. Esos factores, a su vez, pueden terminar repercutiendo en el precio final de las viviendas.

La propuesta llega además acompañada de otra reforma tributaria. El Gobierno plantea modernizar el régimen del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) para incorporar determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales y otros medios tecnológicos que actualmente no están regulados de manera expresa.

La segunda iniciativa tiene una función fiscal clave: compensar los ingresos que el Estado dejaría de percibir por el beneficio otorgado al sector vivienda.

El Ejecutivo sostiene que ambas reformas cumplen con el artículo 276 de la Constitución, que exige crear nuevas rentas sustitutivas o incrementar las existentes cuando una modificación tributaria reduzca ingresos incorporados al Presupuesto General del Estado.

La apuesta de Chapman es, por tanto, doble: aliviar la carga tributaria en la compra de determinadas viviendas nuevas y ampliar la recaudación en una economía cada vez más digital.

Ahora la Asamblea Nacional tendrá que decidir si la fórmula logra el equilibrio que busca el Gobierno: hacer más accesible la vivienda sin convertir el alivio fiscal en un subsidio indirecto al mercado inmobiliario ni debilitar las finanzas públicas.