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El Programa de Inversionista Calificado respaldó 268 certificados con inversiones por B/.113.6 millones entre julio de 2025 y junio de 2026. El resultado muestra un aumento tanto en solicitudes aprobadas como en capital vinculado, con el mercado inmobiliario como principal puerta de entrada al esquema de residencia.
Según las cifras publicadas por el MICI, el periodo anterior registró 193 certificados y más de B/.90.1 millones. La comparación representa 75 certificados adicionales y un incremento superior a B/.23.4 millones, aunque no permite por sí sola medir todo el efecto económico posterior.
La inversión inmobiliaria concentró 87.3% de los certificados emitidos. Los depósitos a plazo fijo representaron 7.5% y las inversiones en valores, 5.2%. Esa composición confirma el peso de los bienes raíces, pero también plantea preguntas sobre cuánto capital llega a actividades productivas, empleo y nuevas empresas.
El MICI atribuye parte del crecimiento a la promoción en mercados internacionales y a una plataforma digital para tramitar solicitudes. La digitalización puede reducir tiempos y mejorar trazabilidad. Su valor dependerá de conservar verificaciones de origen de fondos, identidad y cumplimiento, especialmente en operaciones de alto monto.
Los solicitantes procedieron de países de América, Europa y Asia, incluidos Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, Suiza, Rusia y China. Esa diversidad reduce la dependencia de un solo mercado y confirma que Panamá mantiene atractivo como centro de residencia, servicios y patrimonio.
El aumento beneficia de forma directa a segmentos inmobiliarios, legales, bancarios y de administración de propiedades. No obstante, el efecto sobre la economía general depende del uso posterior de los activos. Una compra puede permanecer pasiva o convertirse en consumo, contratación, mantenimiento y actividad empresarial.
La concentración inmobiliaria también merece seguimiento. Cuando una política de residencia estimula demanda en zonas específicas, puede apoyar construcción y servicios, pero también presionar precios. Las autoridades necesitan observar ubicación, tipo de vivienda y proporción de unidades ocupadas para evaluar el impacto sobre el mercado local.
Los depósitos y valores ofrecen una vía más financiera. Su contribución dependerá de cuánto tiempo permanezcan los fondos y de cómo las entidades los canalicen hacia crédito e inversión. Un volumen anunciado no equivale automáticamente a capital productivo si los recursos tienen poca conexión con empresas panameñas.
El programa compite con esquemas similares de otros países. Panamá ofrece dolarización, conectividad, servicios financieros y posición geográfica, mientras los inversionistas comparan seguridad jurídica, impuestos, calidad de vida y movilidad. Cambios frecuentes en requisitos pueden reducir la confianza que la estrategia pretende construir.
La debida diligencia es indispensable. Atraer capital y proteger la integridad financiera son objetivos compatibles si existen controles proporcionales, intercambio de información y registros completos. La rapidez administrativa no debe transformarse en una reducción de las evaluaciones aplicables a fondos de procedencia internacional.
La transparencia pública podría mejorar con informes periódicos que detallen montos, modalidades, países de origen y tiempos de tramitación sin identificar a los solicitantes. Esos datos permitirían medir tendencias y corregir concentraciones, además de evaluar si la plataforma digital realmente aumentó la eficiencia.
Para los municipios, la llegada de nuevos residentes puede ampliar consumo y demanda de servicios. También puede requerir infraestructura, movilidad y planificación urbana. La coordinación local ayuda a que el crecimiento inmobiliario no se desconecte de agua, transporte, manejo de residuos y espacios públicos.
El programa también puede influir en el alquiler. Propiedades adquiridas para residencia, uso temporal o inversión tienen efectos distintos sobre la oferta disponible. Contar con información agregada ayudaría a anticipar presiones y diseñar políticas urbanas sin restringir innecesariamente la inversión.
La competencia entre promotores puede elevar estándares de servicio y construcción si los compradores exigen calidad. Para conseguirlo, licencias, garantías y protección al consumidor deben funcionar de manera previsible. La atracción de capital no sustituye la supervisión del mercado inmobiliario.
El indicador relevante no termina en el certificado emitido. Permanencia del capital, nuevas empresas, empleos, impuestos y gasto local ofrecen una visión más completa. Vincular estadísticas migratorias, financieras e inmobiliarias permitiría estimar el rendimiento económico del programa sin depender únicamente del monto inicial.
Los B/.113.6 millones confirman una expansión medible y una mayor utilización del mecanismo. La siguiente etapa debe demostrar calidad además de volumen. Diversificar modalidades, mantener controles y publicar resultados económicos ayudaría a que la residencia por inversión contribuya de manera más amplia al desarrollo panameño.