Escuchar este artículo
Preparando audio…
¿Por qué importa?
¿Por qué importa?
La aprobación en segundo debate del Presupuesto General del Estado para 2027 incluye una modificación que autoriza a varias instituciones públicas a utilizar mecanismos excepcionales de contratación para compras menores de un millón de balboas.
La medida afecta el uso de los fondos públicos en entidades como Metro de Panamá, el Idaan, Etesa y diversos ministerios, al apartarse de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones Públicas. Empresarios y economistas advierten sobre riesgos de discrecionalidad y reducción de la competencia, mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que fiscalizará rigurosamente el uso de los recursos.
Síntesis generada con IA.
La ampliación de las facultades para contratar servicios, repuestos y equipos sin recurrir a los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones Públicas se convirtió en uno de los puntos más controvertidos de la discusión del Presupuesto General del Estado para 2027, aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional por un monto de $35,111.7 millones.
El foco de la controversia fue una modificación al artículo 370 del proyecto de Ley 644, que amplía el número de instituciones públicas autorizadas a utilizar mecanismos excepcionales de contratación para atender situaciones de urgencia, hechos fortuitos o circunstancias justificadas de interés público.
La propuesta, presentada por los diputados Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD), plantea una excepción para contrataciones inferiores a un millón de balboas, bajo condiciones especiales que se apartan de los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley 22 de 2006.
Entre las entidades incorporadas figuran Metro de Panamá, S.A., y sus subsidiarias; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa); la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La disposición también alcanza a determinados ministerios, entre ellos Educación, Obras Públicas y Gobierno, cuando deban atender asuntos de interés general relacionados con derechos poblacionales, conforme a las condiciones establecidas en el texto.
La modificación traslada el debate más allá del monto del presupuesto: plantea hasta dónde pueden extenderse las excepciones a las reglas de contratación estatal sin debilitar los mecanismos de transparencia, competencia y rendición de cuentas.
A la salida del pleno legislativo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que ejercerá las facultades legales de su despacho para fiscalizar el uso de los recursos públicos, aunque dejó claro que la iniciativa no fue promovida por el Ejecutivo.
“Tenga la certeza de que este ministro va a hacer todo lo que me permite la ley para hacer una fiscalización rigurosa. Que eso no quepa la menor duda”, afirmó.
Chapman también tomó distancia de la propuesta y reivindicó su responsabilidad sobre el manejo del dinero de los contribuyentes.
“No lo propusimos nosotros y yo voy a defender los recursos de los ciudadanos. Y ese es mi compromiso”, manifestó.
El ministro agregó que su gestión estará orientada a garantizar un uso apropiado, responsable y transparente de los fondos estatales. “Yo sirvo a todos los panameños y pueden estar tranquilos de que yo haré lo propio para asegurarme de que se dé un manejo apropiado, responsable, transparente”, sostuvo.
Límites y controles para las contrataciones
El texto aprobado establece que los contratos amparados por esta excepción no podrán alcanzar ni superar el millón de balboas. También dispone que el límite no será acumulativo por proveedor o por tipo de servicio técnico y prohíbe la fragmentación de contratos para evadir las restricciones.
Para acogerse al mecanismo, cada empresa o institución pública deberá elaborar una lista de los servicios técnicos, repuestos y equipos que podrán adquirirse bajo esta modalidad. Asimismo, tendrá que establecer un reglamento especial de contratación.
Estos reglamentos deberán recibir la aprobación de la Contraloría General de la República y publicarse en la Gaceta Oficial.
La aprobación de esta disposición deja planteado un desafío para las instituciones responsables de administrar los recursos públicos: demostrar que la flexibilidad concedida para atender necesidades urgentes no se convierta en una vía para reducir la competencia o eludir los controles.
El alcance de la reforma no se medirá únicamente por las instituciones que podrán contratar bajo esta modalidad, sino por la capacidad de las autoridades para garantizar que cada excepción esté justificada, documentada y sometida a fiscalización.
Empresarios y economistas alertan sobre riesgos de discrecionalidad
La controversia alrededor de la modificación al artículo 370 no surgió únicamente dentro de la Asamblea Nacional. Antes de que continuara el segundo debate, representantes del sector empresarial y economistas cuestionaron la falta de consultas sobre la iniciativa y advirtieron que ampliar las excepciones a los procedimientos ordinarios podría aumentar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Alberto López Tom, reclamó un mayor análisis antes de introducir cambios de esta naturaleza. El exministro de Hacienda Fernando Aramburú Porras, por su parte, advirtió sobre el riesgo de favoritismos cuando las instituciones pueden prescindir de las licitaciones públicas.
El expresidente del Conep, Rubén Castillo, reconoció que el Estado necesita mecanismos para responder con rapidez ante situaciones urgentes, pero sostuvo que esa flexibilidad debe estar acompañada de una fiscalización efectiva de la Contraloría General de la República.
El economista Luis Morán también expresó preocupación por la incorporación de cambios en las reglas de contratación pública mediante el proyecto de presupuesto, una legislación cuyo propósito central es autorizar los ingresos y gastos del Estado para el siguiente ejercicio fiscal.
Las advertencias del sector privado y de especialistas económicos ponen de relieve una preocupación común: cómo conciliar la agilidad administrativa que requieren algunas instituciones con las garantías de transparencia y competencia que deben regir el gasto público.
El presupuesto entra en la recta final
La discusión del Proyecto de Ley 644 se desarrolla en los últimos días del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. El pleno legislativo tiene previsto sesionar hoy viernes y habilitó el sábado 31 de octubre para continuar, de ser necesario, con el debate presupuestario.
Tras su aprobación en segundo debate, la iniciativa deberá superar el tercer debate antes de ser remitida al Ejecutivo para su eventual sanción.
El desenlace legislativo definirá no solo el presupuesto con el que operará el Estado en 2027, sino también el alcance de una modificación que amplía las excepciones a la contratación pública y coloca bajo escrutinio la manera en que las instituciones ejercerán esa nueva facultad.
La aprobación de esta disposición deja planteado un desafío para las instituciones responsables de administrar los recursos públicos: demostrar que la flexibilidad concedida para atender necesidades urgentes no se convierta en una vía para reducir la competencia o eludir los controles.
El alcance de la reforma no se medirá únicamente por las instituciones que podrán contratar bajo esta modalidad, sino por la capacidad de las autoridades para garantizar que cada excepción esté justificada, documentada y sometida a fiscalización.