Escuchar este artículo
Preparando audio…
La discusión del Presupuesto General del Estado para 2027 comenzó a abandonar las cifras globales y a entrar en el terreno donde suelen aparecer las preguntas incómodas: plazas nuevas, reajustes salariales, dietas, consultorías y partidas de publicidad.
Hasta este martes 18 de agosto, las primeras sustentaciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional han dejado una conclusión provisional. El proyecto de B/.35,111.7 millones puede crecer apenas 0.6% frente al presupuesto modificado de 2026, pero dentro de esa aparente estabilidad existen aumentos puntuales que requieren una explicación más precisa que la frase habitual de “fortalecimiento institucional”.
La comisión aún está en una etapa temprana. No ha terminado las vistas institucionales ni ha aprobado el proyecto en primer debate. Por ahora, el valor del proceso está en hacer visibles decisiones que, vistas de forma aislada, parecen pequeñas frente al presupuesto nacional, pero que juntas revelan cómo se forma el gasto permanente del Estado.
El Tribunal Electoral abre la discusión sobre la planilla
El Tribunal Electoral sustentó un presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas de B/.162.2 millones. De ese total, B/.151.2 millones corresponden a funcionamiento y B/.11 millones a inversión.
La atención de los diputados se concentró en un aumento aproximado de B/.2 millones en gastos de personal. Durante la comparecencia del lunes 17 de agosto, la diputada Yamireliz Chong señaló que la partida de personal fijo pasaría de B/.50 millones a B/.52 millones; la de personal transitorio, de B/.4 millones a B/.5.4 millones; y la de personal contingente, de B/.125,000 a B/.998,000.
La directora de Recursos Humanos del Tribunal explicó que el incremento incluye la anualización de 22 posiciones creadas durante 2026, reajustes para directores regionales y la formalización de cargos de mando que trabajaban de manera eventual. Los magistrados también recordaron que en 2027 comienza el Plan General de Elecciones para los comicios de 2029, una tarea que amplía las obligaciones operativas de la institución.
La explicación aporta contexto, pero no cierra la discusión. Crear una posición durante un año y cargar su costo completo al siguiente es una práctica presupuestaria normal; lo que corresponde verificar es por qué cada plaza resulta necesaria, qué función cumple y si el reajuste salarial responde a una evaluación uniforme. El detalle de las 22 posiciones, solicitado en la comisión, será más útil que una defensa general de la autonomía electoral.
Dietas y consultorías bajo la lupa
El Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, conocido como Siacap, fue la primera institución en sustentar sus números. El MEF le recomendó un presupuesto de B/.1.8 millones, pero dos aumentos pequeños en términos nacionales concentraron el escrutinio.
La partida para dietas del Consejo de Administración pasaría de B/.28,000 a B/.48,000. La institución explicó que busca elevar de B/.300 a B/.500 el pago por reunión y que varios integrantes sesionan fuera del horario regular. Diputados cuestionaron que miembros del consejo que ya ocupan cargos públicos reciban un pago adicional por participar en decisiones vinculadas con sus responsabilidades.
Las consultorías, por su parte, subirían de B/.23,087 a B/.187,500. El Siacap sostuvo que los fondos financiarían parte de un modelo para anticipar riesgos de inversión y revisar su marco legal. El costo total informado para la consultoría es de B/.400,000.
El argumento técnico puede ser atendible: una institución que administra ahorros necesita medir riesgos y proteger sus inversiones. Pero el salto de 712% en la partida exige que la entidad publique el alcance del contrato, sus entregables, el método para escoger al consultor y la razón por la que la capacidad no puede desarrollarse internamente. La supervisión presupuestaria no consiste en rechazar toda consultoría, sino en impedir que la palabra se convierta en una categoría suficientemente amplia para justificar cualquier gasto.
Los B/.37 millones de publicidad
Otro foco de debate es la asignación conjunta de B/.37 millones para promoción y publicidad estatal. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha defendido la cifra señalando que más de la mitad corresponde a empresas públicas, entre ellas bancos estatales, que compiten por clientes y necesitan comunicar sus productos.
Chapman también ha puesto el monto en perspectiva: equivale aproximadamente a 0.1% del presupuesto total, mientras el servicio de la deuda programado para 2027 disminuye B/.2,442.7 millones frente a 2026. Ambos datos son correctos, pero responden a preguntas distintas.
La caída del servicio de la deuda ofrece un alivio importante, aunque obedece al calendario de vencimientos y no significa que el saldo de la deuda haya bajado en igual proporción. La publicidad, por pequeña que sea frente al total, debe evaluarse por entidad, objetivo y resultado. La pauta destinada a captar clientes para un banco público no cumple la misma función que una campaña ministerial, y ninguna debería financiar promoción personal o partidista.
La mejor respuesta al cuestionamiento no es presentar B/.37 millones como una cifra demasiado pequeña para importar. Es publicar cuánto recibirá cada institución, qué campaña financiará, cómo se contratarán los medios y qué indicador permitirá saber si el gasto funcionó.
Lo que ha avanzado y lo que falta
Las vistas han comenzado a cumplir su función más básica: obligar a las entidades a explicar renglones que el documento general no permite entender. Todavía es pronto, sin embargo, para hablar de recortes, reasignaciones definitivas o de una nueva cifra global. El proyecto permanece en primer debate y debe recorrer después dos debates en el pleno.
En las siguientes jornadas será importante observar si el escrutinio se aplica con el mismo rigor a todas las instituciones. Preguntar por una dieta de B/.500 es legítimo; también lo es examinar contratos multimillonarios, proyectos con baja ejecución, subsidios sin evaluación y planillas mucho mayores.
La Comisión de Presupuesto tendrá que distinguir entre tres tipos de aumentos: los que responden a una obligación legal o una función nueva; los que pueden producir un ahorro o un beneficio medible; y los que simplemente hacen permanente un gasto cuya utilidad no ha sido demostrada.
Hasta hoy, el debate no ha cambiado el monto de B/.35,111.7 millones. Sí ha comenzado a mostrar la composición humana y política de esa cifra. Esa es la parte que determina si un presupuesto moderado en el papel conserva la disciplina cuando llega a cada oficina pública.