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El proyecto de presupuesto que ahora pasa por la Asamblea Nacional tiene una cifra fácil de recordar y una pregunta mucho más difícil de responder. El Ejecutivo propone gastar B/.35,111.7 millones en 2027. Lo que los diputados deben establecer durante las vistas presupuestarias es si esa suma puede convertirse, en los plazos anunciados, en escuelas reparadas, hospitales abastecidos, agua potable y obras que no terminen detenidas entre adendas y pagos atrasados.
La discusión no debería reducirse a determinar qué institución perdió o ganó una partida. Panamá llega a este debate con necesidades sociales evidentes, compromisos legales que dejan poco margen para mover recursos y una deuda que obliga a cuidar cada decisión. El presupuesto es, en ese sentido, menos una lista de gastos que una prueba anual de credibilidad.
Un presupuesto casi igual, organizado de otra manera
El monto propuesto supera en B/.197.9 millones al presupuesto modificado de 2026, un aumento de apenas 0.6%. La comparación respalda la tesis del Ministerio de Economía y Finanzas de que no se trata de una expansión general del Estado, sino de una recomposición interna. Sin embargo, una cifra estable en el total puede esconder movimientos importantes entre instituciones, programas y años de vencimiento.
El Gobierno Central, por ejemplo, bajaría de B/.17,935.6 millones a B/.16,534.5 millones. Esa disminución de B/.1,401 millones parece, a primera vista, una fuerte señal de austeridad. Pero la mayor parte se explica por el servicio de la deuda, que caería de B/.7,938.9 millones en 2026 a B/.5,496.1 millones en 2027 debido al calendario de vencimientos y a operaciones de financiamiento. El propio MEF ha advertido que esto no equivale a una reducción automática del saldo de la deuda.
Esa distinción importa. El país tendrá menos pagos concentrados en 2027, pero no necesariamente una carga estructural menor. El alivio ofrece espacio para atender prioridades; no elimina la obligación de contener gastos permanentes ni sustituye una estrategia para recaudar mejor.
La inversión prometida y la ejecución posible
El Ejecutivo ha presentado un programa de B/.12,564 millones en obras e inversión social, con recursos para educación, salud, agua, vivienda, carreteras, transporte, cultura y deporte. También ha reservado alrededor de B/.3,400 millones para subsidios y programas de apoyo económico. De esa suma, unos B/.1,496 millones corresponden a aportes del Gobierno Central a programas administrados por la Caja de Seguro Social.
Son partidas políticamente comprensibles y, en muchos casos, indispensables. El examen legislativo debería ir un paso más allá: identificar cuánto corresponde a proyectos nuevos, cuánto a compromisos heredados, qué obras tienen terrenos, diseños y contratos listos, y cuáles aparecen en el documento sin condiciones reales para comenzar.
Un presupuesto de inversión puede lucir ambicioso y ejecutar poco. Cuando eso ocurre, la diferencia no es una abstracción contable. Es una escuela que espera otra temporada seca para ser reparada, un centro de salud que sigue operando sin equipamiento o una carretera cuyo costo aumenta mientras el contrato se prolonga.
Las vistas presupuestarias ofrecen una oportunidad para pedir respuestas concretas. Cada entidad debería explicar no solo cuánto solicita, sino qué logró con el dinero vigente, cuánto mantiene sin ejecutar, cuáles contratos concentran la mayor parte de su inversión y qué resultado medible espera entregar antes de diciembre de 2027.
El presupuesto aprobado no siempre es el presupuesto final
El escrutinio también debe cubrir lo que ocurre después de la aprobación. En Panamá, los traslados de partidas, créditos adicionales y modificaciones pueden transformar de manera significativa la asignación original. El caso de la propia Asamblea ilustra el problema.
El Legislativo comenzó 2026 con cerca de B/.98 millones, pero para junio su presupuesto había subido a B/.146.5 millones, según datos del MEF citados por La Prensa. Para 2027, la Asamblea había solicitado aproximadamente B/.175 millones, mientras el proyecto remitido por el Ejecutivo contempla alrededor de B/.97 millones: B/.96 millones para funcionamiento y B/.1 millón para inversión.
La diferencia anticipa una negociación intensa, pero también expone una práctica que debilita la lectura pública del presupuesto. Si una institución recibe una cifra contenida en la ley y meses después opera con decenas de millones adicionales, la ciudadanía termina evaluando una fotografía que dejó de ser cierta.
Por eso, la transparencia no puede terminar con la votación. Los diputados deberían exigir un registro accesible que muestre, para cada institución, la asignación aprobada, cada modificación posterior, su justificación y el resultado financiado. Sin esa trazabilidad, la austeridad puede existir en el documento inicial y desaparecer durante la ejecución.
La Asamblea también debe rendir cuentas
La Comisión de Presupuesto, presidida nuevamente por el diputado Eduardo Vásquez, será el principal filtro político y técnico del proyecto. Su tarea consiste en escuchar a las instituciones, confrontar sus solicitudes con la capacidad fiscal del país y recomendar cambios. Pero la comisión llega al proceso con preguntas sobre la administración de recursos dentro del propio Órgano Legislativo.
La discusión previa sobre una diferencia de B/.4.2 millones en traslados reportados a la Asamblea, cuyo trámite no quedó claramente explicado en la comisión, mostró por qué el control presupuestario debe aplicarse también a quien controla. El episodio, documentado durante el período anterior, no prueba por sí solo una irregularidad, pero sí revela una debilidad de información que debería corregirse antes de pedir confianza para el siguiente ejercicio.
El presupuesto de la Asamblea merece el mismo examen que el de una universidad, un hospital o un ministerio: número de funcionarios, funciones desempeñadas, compras previstas, contratos recurrentes y resultados. La autonomía del Legislativo no lo exime de justificar el uso de fondos públicos.
Las preguntas que deberían ordenar el debate
Hasta el viernes, Mirada Económica dará seguimiento a las comparecencias y a los ajustes planteados durante la discusión. Más que contar intervenciones, la cobertura observará cinco puntos:
- si las entidades presentan metas y cronogramas verificables, además de montos;
- si las asignaciones nuevas corrigen necesidades urgentes o financian estructuras administrativas;
- si los proyectos de inversión tienen condiciones reales para ejecutarse en 2027;
- si los subsidios incluyen criterios de focalización y evaluación;
- y si cualquier aumento acordado identifica una fuente de financiamiento, en lugar de trasladar el costo a más deuda.
La Asamblea puede mejorar el proyecto, pero no existe una partida gratuita. Añadir recursos a una institución implica recortarlos en otra, elevar ingresos o aumentar el financiamiento. La crítica responsable debe reconocer esa aritmética y exigir que cada cambio tenga una explicación pública.
El proyecto de B/.35,111.7 millones ofrece una señal de moderación en su cifra total y un programa de inversión considerable. También conserva riesgos conocidos: rigidez del gasto, dependencia de modificaciones posteriores, capacidad desigual de ejecución y una supervisión que con frecuencia se concentra en la negociación política del monto.
La discusión que comienza en la Asamblea será útil si consigue aclarar esas zonas grises. Aprobar el presupuesto es obligatorio. Hacer que el documento permita seguir el dinero, medir resultados y corregir desvíos es la parte que determinará si 2027 termina siendo algo más que otra promesa bien financiada.