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Panamá evalúa contratar especialistas extranjeros ante vacantes que el sistema no logra cubrir

El Gobierno plantea una vía temporal para cubrir puestos críticos mientras amplía la formación local. Aún no ha presentado la reforma, el calendario ni el número de contrataciones.

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El ministro de Salud de Panamá habla durante un acto sobre certificación de especialidades médicas.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante el lanzamiento del proceso de certificación y recertificación de especialidades médicas, el 8 de junio de 2026. Fotografía oficial de archivo: Minsa.

El Gobierno de José Raúl Mulino evalúa abrir una vía más amplia para contratar médicos especialistas, personal de enfermería y técnicos extranjeros, una respuesta de corto plazo a vacantes que el sistema público no ha logrado cubrir y a la próxima apertura de servicios que requieren formación altamente especializada. El anuncio todavía no incluye un proyecto de ley o decreto, un calendario de contratación ni una estimación de cuántos profesionales serían incorporados.

Mulino expuso la propuesta el 8 de septiembre, durante la puesta en marcha de la Ley de Pasantías. La necesidad más inmediata, dijo, está en el centro público de tratamiento oncológico que el Gobierno prevé abrir en Bugaba, Chiriquí, donde serán necesarios profesionales de medicina nuclear y técnicos capaces de operar los nuevos equipos. El mandatario presentó la contratación en el exterior como una medida temporal, mientras Panamá aumenta la formación de su propio personal.

El problema no comienza con ese centro. En marzo, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social publicaron una convocatoria para 71 plazas críticas en hospitales y policlínicas de varias provincias. La lista incluía nueve puestos de anestesiología, siete de cardiología, siete de oftalmología y siete de pediatría, además de vacantes en nefrología, gastroenterología, neurología y otras especialidades.

La distribución permite precisar el alcance del déficit: muchas de las vacantes estaban fuera de la capital, en Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Este y Veraguas. La propia convocatoria señaló que venía después de una baja participación en llamados realizados en octubre y diciembre de 2025 y en enero de 2026.

Ese antecedente también muestra que la participación extranjera no parte de cero. La convocatoria de marzo daba prioridad a especialistas nacionales y, si no se presentaban, permitía recibir solicitudes de extranjeros bajo la Ley 69 de 2013 y la Ley 89 de 2013. Los aspirantes debían presentar sus documentos ante la Dirección General de Salud Pública del Minsa. La propuesta presidencial parece apuntar a facilitar o ampliar ese mecanismo, pero el Ejecutivo no ha explicado qué requisitos cambiarían ni cómo se mantendrían la verificación de títulos, la idoneidad y la supervisión profesional.

Esas preguntas son centrales porque el déficit de una especialidad no se resuelve únicamente autorizando el ingreso de más candidatos. También influyen la ubicación del puesto, la remuneración, la jornada, el equipo disponible y la disposición del profesional a establecerse fuera de la capital. Un mecanismo temporal puede cubrir una sala o poner en funcionamiento un equipo; una política de personal requiere además retener a los especialistas y distribuirlos donde están los pacientes.

Médicos participan en un acto de adjudicación de plazas de internado en Panamá
Acto de adjudicación de plazas de internado médico realizado en marzo de 2026. La formación de especialistas comienza después de esta etapa obligatoria. Fotografía oficial de archivo: Minsa.

La formación local es el segundo componente de la discusión. El Minsa y la CSS adjudicaron 396 plazas de internado en marzo de 2026: 261 en instalaciones del ministerio y 135 en la CSS. Con esa ronda incorporaron a 203 egresados que habían quedado en lista de espera en 2025. El internado dura dos años y es un requisito para obtener la idoneidad como médico general; no equivale a una residencia de especialidad.

El cuello de botella reaparece en el siguiente nivel. Los concursos de residencia dependen de plazas financiadas, hospitales con capacidad docente y especialistas que puedan supervisar la práctica. En el debate nacional sobre la CSS, una mesa de trabajo sobre recursos humanos recomendó definir cuántos especialistas necesita el país a cinco y diez años, aumentar la cantidad y la calidad de las residencias, acreditar hospitales docentes y considerar instalaciones privadas para formar internos y residentes.

La posibilidad de utilizar clínicas privadas puede ampliar el número de escenarios de aprendizaje, especialmente cuando allí existen equipos o procedimientos que no están disponibles de forma continua en todos los hospitales públicos. Pero requiere reglas: quién acredita el programa, quién paga la plaza, qué volumen de pacientes asegura una formación suficiente, qué responsabilidades asume el hospital y cómo se evita que recursos públicos subsidien entrenamiento sin una obligación posterior de servicio.

Mulino ya había planteado en octubre de 2024 que se abrieran más residencias para evitar que médicos que terminan la carrera y el internado quedaran sin acceso a una especialidad. La discusión actual enlaza ese reclamo con una urgencia distinta: hospitales que tienen infraestructura o equipos, pero no el personal necesario para operarlos.

Los gremios médicos han pedido que, antes de ampliar la contratación extranjera, se agoten las opciones para incorporar profesionales disponibles en el país y se publique un plan de formación. Esa posición no elimina la evidencia de plazas desiertas; obliga a distinguir entre una escasez nacional de especialistas y una dificultad para atraerlos a determinados puestos, turnos o provincias.

También está en juego el control de calidad. En junio, el Minsa informó del lanzamiento de un proceso de certificación y recertificación para las 50 especialidades reconocidas en el sistema panameño. Cualquier reforma para acelerar incorporaciones tendría que articularse con esos estándares y aplicar criterios comparables a profesionales formados dentro y fuera del país.

Por ahora, el anuncio presidencial describe una intención, no una convocatoria nueva. Tampoco existe un registro público consolidado que permita saber cuántas plazas permanecen vacantes hoy, cuánto tiempo llevan sin cubrirse o qué servicios están suspendidos por falta de personal. La lista de 71 puestos publicada en marzo ofrece una fotografía verificable, pero no necesariamente el inventario completo ni su estado en septiembre.

Una política medible tendría que publicar al menos cuatro datos: las especialidades y regiones prioritarias, el número de vacantes efectivas, el tiempo previsto de los contratos temporales y las plazas adicionales de formación local. Sin esa información será difícil evaluar si la apertura propuesta reduce las esperas de los pacientes o simplemente cubre necesidades puntuales de nuevas instalaciones.