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¿Por qué importa?
Panamá promulgó la Ley 564 de 2026, que fija un límite máximo de 2% de ácidos grasos trans industriales en los alimentos, prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados y establece multas de hasta B/.250,000 para los infractores.
La norma afecta a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos comerciales de Panamá, quienes disponen de 36 meses para adecuar sus procesos y formulaciones. El Ministerio de Salud será el encargado de fiscalizar el cumplimiento y cuenta con un plazo de seis meses para reglamentar la legislación.
Síntesis generada con IA.
Panamá dio un paso regulatorio en materia de salud pública con la promulgación de la Ley 564 de 2026, que establece límites al contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos y prohíbe la utilización de aceites y grasas parcialmente hidrogenados en toda la cadena alimentaria.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30649-B del lunes 9 de noviembre de 2026, busca proteger la salud de la población mediante controles que abarcan la producción, importación, comercialización y distribución de alimentos destinados al consumo humano.
Uno de sus principales alcances es establecer que el contenido de grasas trans industriales no podrá superar el 2% del total de grasas de un producto, equivalente a un máximo de dos gramos por cada 100 gramos de grasa total. La disposición también comprende aceites, grasas, ingredientes y materias primas, tanto nacionales como importados. Lea Gaceta Oficial Aquí.
La legislación introduce además una prohibición expresa a la producción, venta y distribución de aceites y grasas parcialmente hidrogenados utilizados en productos alimentarios. También impide emplear denominaciones o términos que oculten o distorsionen la verdadera composición de los alimentos o encubran la presencia de estos componentes por encima de los límites establecidos.
La medida alcanza a todas las personas naturales y jurídicas que participan en la cadena alimentaria, por lo que sus efectos se extienden desde los fabricantes y proveedores de materias primas hasta los importadores, distribuidores y establecimientos comerciales.
La industria tendrá 36 meses para adecuarse
La nueva regulación establece un período total de transición de 36 meses para que la industria alimentaria ajuste sus procesos y productos.
El calendario contempla 12 meses para adecuar los ingredientes y materias primas al límite máximo de grasas trans; seis meses adicionales para adaptar los productos alimentarios terminados y otros 18 meses para eliminar los aceites y grasas parcialmente hidrogenados de la industria.
Este período representa un desafío para los fabricantes y operadores del sector, que deberán revisar sus formulaciones, proveedores y procesos de producción para cumplir con los nuevos parámetros.
El Ministerio de Salud (Minsa) será la autoridad responsable de aplicar la legislación, coordinar las acciones de fiscalización y desarrollar estrategias de información y educación sobre los efectos de los ácidos grasos trans industriales en la salud.
Multas de hasta B/.250,000 y posibilidad de cierre
La ley establece un régimen de sanciones que busca garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Las multas oscilarán entre B/.100 y B/.250,000, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la reincidencia.
Las faltas leves podrán recibir sanciones de entre B/.100 y B/.10,000; las graves, de B/.10,001 a B/.100,000; y las gravísimas, de B/.100,001 hasta B/.250,000.
La legislación también contempla la suspensión temporal de la autorización de funcionamiento y la cancelación definitiva de dicha autorización, medida que puede conducir al cierre del establecimiento.
Para determinar las sanciones, las autoridades deberán considerar factores como los posibles daños a la salud, la utilidad obtenida por la empresa, la reincidencia y la gravedad de la conducta. Además, podrán ordenar la reparación inmediata de las infracciones y la destrucción de los productos que incumplan la normativa.
El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse de oficio o mediante denuncias anónimas o solicitudes de personas naturales o jurídicas. Cuando existan indicios de que una conducta puede constituir un delito, el caso será remitido al Ministerio Público.
El Minsa tendrá seis meses para reglamentar la ley
Otro componente importante será la reglamentación. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Salud, tendrá un plazo máximo de seis meses para desarrollar los procedimientos de vigilancia, definir las competencias de sus unidades internas y establecer los mecanismos de aplicación de las sanciones.
La Ley 564 comenzará a regir el día siguiente de su promulgación y contempla como excepción las grasas trans de origen natural provenientes de carnes de rumiantes y sus derivados, incluidas las grasas lácteas.
La nueva legislación traslada la protección de la salud pública al corazón de la industria alimentaria: ya no bastará con informar sobre lo que contienen los productos, sino que fabricantes, importadores y distribuidores deberán ajustar su composición a límites obligatorios, bajo el riesgo de enfrentar multas de hasta un cuarto de millón de balboas o perder su autorización para operar.