Nueve instituciones han sido víctimas de ataques cibernéticos
Ciudad de Panamá, 7 de mayo 2026. Panamá enfrenta una ofensiva digital que ya dejó al descubierto las grietas más sensibles de su aparato tecnológico estatal. Mientras instituciones públicas intentan contener el daño, expertos advierten que el país vive una de las peores crisis de ciberseguridad de su historia reciente.
Oscar Iturralde, teniente de la División de Ciberdelitos de la DIJ, confirmó que al menos nueve instituciones han sido víctimas de ataques cibernéticos vinculados al secuestro de información y usurpación de identidad. El funcionario recomendó a los ciudadanos extremar precauciones: verificar perfiles, comprobar la credibilidad de las cuentas y evitar abrir enlaces enviados por remitentes desconocidos.
Los ataques no solo comprometen información confidencial. También provocan pérdidas económicas millonarias, paralizan operaciones críticas y erosionan la confianza pública. Entre los riesgos más graves figuran los bloqueos de sistemas mediante ransomware, el robo de datos sensibles y la filtración de información personal y corporativa.
La dimensión de la amenaza quedó aún más clara luego de que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) admitiera públicamente las debilidades de la infraestructura tecnológica estatal. Adolfo Fábrega García de Paredes, administrador general de la entidad, reconoció que el Gobierno corre contrarreloj para contener vulnerabilidades ya identificadas.
“Sabemos que hay vulnerabilidades. En este momento el gobierno nacional está cerrando vulnerabilidades que ya tenemos identificadas”, declaró el funcionario este 6 de mayo.
Según explicó, el desafío es monumental: la red gubernamental supera los 500 mil dispositivos electrónicos, en un entorno donde la digitalización avanza más rápido que la capacidad de protección.
“Todos los días hay un riesgo incluso mayor, porque entre más digitalizamos el Estado, mayor es el riesgo”, advirtió Fábrega.
La preocupación crece también por la falta de claridad institucional sobre el alcance real de las filtraciones y los posibles afectados. El escenario choca de frente con el Decreto Ejecutivo 285 de 2021, que obliga a las entidades a notificar violaciones de seguridad tanto a la Antai como a los ciudadanos cuyos datos hayan sido comprometidos.
Mientras el Gobierno intenta reforzar sus sistemas, especialistas alertan que Panamá se ha convertido en un objetivo atractivo para redes criminales internacionales que explotan brechas de seguridad en infraestructuras públicas debilitadas. La amenaza ya no es hipotética: está dentro de los sistemas del Estado.