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¿Por qué importa?
El presidente José Raúl Mulino sancionó el Presupuesto General del Estado por B/.35,111.75 millones para 2027, en medio de cuestionamientos por modificaciones que exceptúan a varias entidades de la Ley de Contrataciones Públicas.
La medida afecta la transparencia y la competencia en las compras estatales de entidades como el Metro de Panamá, el IDAAN y diversos ministerios. Según la diputada Janine Prado y el economista Luis Morán, el artículo 370 podría facilitar adjudicaciones sucesivas a un mismo proveedor y limitar la participación de pequeñas y medianas empresas, lo que deja pendiente establecer mecanismos efectivos de revisión para conocer el uso de los recursos.
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El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por B/.35,111.75 millones, en medio de cuestionamientos por una modificación que flexibiliza los procedimientos de contratación de determinadas entidades públicas y plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
La nueva norma, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, destina B/.12,839.7 millones a inversiones públicas, equivalentes al 36.6% del presupuesto total. Esta asignación representa un incremento del 12% frente a 2026, mientras que los gastos de funcionamiento suman B/.22,272 millones, el 63.4% del presupuesto, con una reducción del 5%. Lee Presupuesto Gaceta Aquí.
El presupuesto también proyecta una disminución del servicio de la deuda pública del Gobierno Central y establece un déficit fiscal alineado con los objetivos de consolidación de las finanzas públicas y los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Durante la discusión legislativa se incorporaron modificaciones por B/.186.83 millones para reforzar las asignaciones de sectores como salud, educación, infraestructura, seguridad, servicios públicos y atención social. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estos ajustes respondieron a una evaluación técnica y fiscal de las prioridades institucionales y la capacidad de ejecución de los proyectos.
Sin embargo, la discusión presupuestaria estuvo marcada por el artículo 370, que exceptúa de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas a determinadas entidades, entre ellas el Metro de Panamá y sus subsidiarias, el IDAAN, ETESA, la Autoridad de Aseo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno.
La disposición permite adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos mediante procedimientos excepcionales cuando existan situaciones fortuitas o de urgencia, o circunstancias de interés público debidamente justificadas. El límite establecido es inferior a B/.1 millón y contempla la elaboración de listas de bienes y servicios, además de reglamentos especiales sujetos a la aprobación de la Contraloría General de la República y su publicación en Gaceta Oficial.
La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó la aprobación de esta medida y advirtió sobre sus posibles efectos en la transparencia y la competencia por los contratos estatales. Recordó que la propuesta no había conseguido respaldo en la Comisión de Presupuesto, pero finalmente obtuvo 36 votos durante el segundo debate en el pleno legislativo.
Prado considera que la redacción de la norma deja margen para ampliar su aplicación y advirtió que el mecanismo podría facilitar adjudicaciones sucesivas a un mismo proveedor, con el riesgo de reducir la participación de empresas interesadas en competir por las contrataciones públicas. También sostuvo que la legislación vigente ya contempla procedimientos excepcionales para atender emergencias.
El economista Luis Morán coincidió en que la flexibilización puede agilizar las compras del Estado, pero advirtió que también podría reducir la competencia y limitar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. A su juicio, el principal desafío será establecer mecanismos efectivos de transparencia, revisión y seguimiento para conocer quiénes reciben los contratos y cómo se utilizan los recursos.
Morán planteó que el presupuesto debe concentrar sus inversiones en proyectos con impacto económico y social, como la rehabilitación de carreteras y puentes, el mantenimiento de escuelas y centros de salud y la atención de las comunidades afectadas por el terremoto. También destacó la necesidad de financiar programas de salud mental, capacitación laboral y recuperación de pequeños negocios en el interior del país.
El economista sostuvo que la inversión pública debe contribuir a reactivar la actividad privada y recuperar las capacidades productivas de las comunidades, especialmente mediante el fortalecimiento de los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas.
La ley incorpora, además, disposiciones para identificar las obras financiadas con aportes de la Autoridad del Canal de Panamá y modernizar las técnicas de administración presupuestaria, mediante la incorporación gradual de metas e indicadores que permitan evaluar la efectividad del gasto público.
Con la sanción presidencial comienza el desafío de ejecutar un presupuesto que supera los B/.35,000 millones, pero también de demostrar que sus recursos se traducirán en mejores servicios, infraestructura y oportunidades económicas. La discusión sobre las contrataciones públicas deja una exigencia adicional: que la agilidad administrativa no se anteponga a la competencia, la rendición de cuentas y el derecho ciudadano a conocer cómo se utiliza cada balboa del Estado.