Escuchar este artículo
Preparando audio…
El envejecimiento de la población está dejando de ser un desafío demográfico del futuro para convertirse en una presión creciente sobre los sistemas de salud, la protección social y las finanzas de los hogares en América Latina y el Caribe.
Para 2050, se estima que 306 millones de personas en las Américas, más de uno de cada cuatro habitantes, tendrán 60 años o más. Este cambio obligará a los países a ampliar los servicios de cuidados a largo plazo, mejorar su financiamiento y garantizar que las personas mayores puedan conservar su autonomía y calidad de vida.
Una sinopsis de política conjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulada Gobernanza y financiamiento de los cuidados a largo plazo, advierte que la fragmentación de los servicios y la insuficiencia de recursos públicos están dejando en manos de las familias una parte considerable de la responsabilidad y los costos de la atención. Lea Informe Aquí.
El problema no se limita a la disponibilidad de servicios médicos. También comprende la asistencia cotidiana que necesitan las personas con dependencia física o funcional, desde el acompañamiento y la alimentación hasta la movilidad y el cuidado personal.
“Invertir en cuidados a largo plazo no es simplemente un gasto. Es una inversión en personas más saludables, familias más fuertes y sociedades más resilientes”, afirmó Mary Lou Valdez, directora adjunta de la OPS.
La funcionaria sostuvo que estos sistemas pueden reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, respaldar a las personas cuidadoras y contribuir al fortalecimiento de la cobertura sanitaria universal.
Panamá apuesta por preparar la vejez desde edades tempranas
En Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) reconoce que el envejecimiento saludable requiere una estrategia que comience mucho antes de alcanzar los 60 años y que involucre a distintas instituciones.
Diana Varela, jefa de la Sección de Adulto Mayor de la Dirección General de Salud Pública del Minsa, explicó que el país trabaja bajo un enfoque de curso de vida, que plantea la necesidad de adoptar hábitos y condiciones favorables desde la juventud para llegar a la vejez con mejores condiciones de salud.
Varela destacó que el Ministerio, en coordinación con otras instituciones, promueve políticas de envejecimiento saludable a través de la Comisión Nacional para la Promoción del Envejecimiento Saludable.
Entre los avances de 2026 mencionó la aprobación de una norma técnico-administrativa exclusiva para la atención de las personas adultas mayores, cuyo propósito es fortalecer la oportunidad y calidad de los servicios que recibe esta población.
También señaló la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para reforzar las supervisiones de las casas hogar y los centros de atención integral donde residen adultos mayores.
La funcionaria advirtió que uno de los desafíos consiste en atender a quienes, debido a condiciones de dependencia, viven solos o tienen dificultades para trasladarse a una instalación sanitaria.
Como respuesta, el Minsa dispone de programas de telemedicina para acercar los servicios de salud a personas con limitaciones de movilidad y residentes en comunidades de difícil acceso.
Sin embargo, Varela subrayó que el envejecimiento saludable no depende exclusivamente de la atención médica. También requiere condiciones ambientales adecuadas, espacios de recreación y oportunidades de participación social.
“Hay que prepararnos para envejecer saludablemente desde mucho antes”, enfatizó.
Las familias absorben buena parte del costo de los cuidados
La advertencia de la OPS y el BID adquiere mayor relevancia al observar las limitaciones de los sistemas públicos de atención.
Aunque los países de las Américas han avanzado en el reconocimiento de los cuidados a largo plazo como una prioridad de política pública, la capacidad institucional y financiera sigue siendo desigual.
La evaluación de mitad de período de 2025 de la Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable encontró que el 88% de los países encuestados había incorporado los cuidados a largo plazo en sus leyes, políticas o planes nacionales, frente al 61% registrado en 2020.
No obstante, solo 15 de los 35 Estados miembros de la OPS informaron disponer de un sistema formal de cuidados a largo plazo financiado con recursos públicos.
La brecha también alcanza a quienes proporcionan asistencia sin remuneración. Apenas siete de los 27 países que respondieron a una consulta específica reconocieron legalmente a las personas cuidadoras informales y su derecho a recibir apoyo.
Según la sinopsis, el valor económico de los cuidados informales puede representar entre el 0,8% y el 4,9% del producto interno bruto (PIB) anual. Se trata de un aporte que, aunque no siempre aparece reflejado en las cuentas económicas convencionales, recae principalmente sobre los hogares.
La fragmentación institucional agrava el problema. Los servicios sanitarios y de protección social suelen funcionar por separado, sin evaluaciones conjuntas ni planes coordinados de atención. Esto dificulta garantizar la continuidad de los cuidados y obliga a las familias a cubrir las necesidades que quedan desatendidas.
Por ello, ambos organismos plantean integrar los servicios sociales y de salud, establecer responsabilidades institucionales, definir estándares de calidad y asegurar fuentes de financiamiento sostenibles.
Uruguay muestra una alternativa de coordinación
La experiencia de Uruguay aparece en el documento como un referente regional para avanzar hacia un modelo integrado.
Desde 2015, su Sistema Nacional Integrado de Cuidados articula ministerios, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil mediante una estructura compartida de gobernanza.
El modelo contempla evaluaciones estandarizadas para determinar las necesidades de atención y los criterios de acceso a los servicios. También combina financiamiento público y copagos establecidos según los ingresos de los beneficiarios.
Además, exige estándares de calidad a los proveedores y requisitos de formación y certificación para las personas que trabajan en el sector.
La OPS, por su parte, impulsa su Política sobre los Cuidados a Largo Plazo 2025-2034, que promueve una mayor coordinación institucional, mecanismos de financiamiento y servicios de calidad, con énfasis en la atención primaria y comunitaria.
El tema también fue incorporado a la agenda de diálogo regional de la OPS y el BID, que busca identificar mecanismos para hacer los sistemas de cuidados más accesibles, equitativos y sostenibles.
El desafío para Panamá y el resto de las Américas no consiste únicamente en atender a una población que vivirá más años, sino en evitar que esa mayor longevidad se convierta en una carga económica y asistencial para las familias. Preparar a las personas para una vejez saludable exige políticas públicas sostenidas, financiamiento suficiente y una red de cuidados que garantice que envejecer con dignidad no dependa de la capacidad económica de cada hogar.