Ciudad de Panamá, 20 de julio 2026. La caída en los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas de interés preferencial no significa que el mercado esté paralizado, sino que las familias panameñas han priorizado otras inversiones, principalmente la compra de vehículos. Esa fue la explicación ofrecida por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, al referirse a la disminución registrada en el financiamiento para adquirir viviendas.
El funcionario reconoció que el número de préstamos hipotecarios ha disminuido, pero insistió en que la Ley de Interés Preferencial continúa vigente y que los proyectos de vivienda siguen disponibles. Según explicó, el principal obstáculo no es la oferta, sino la capacidad de los compradores para obtener la aprobación del sistema bancario.
“Lo que ha caído es la cantidad de préstamos, no la construcción de viviendas”, sostuvo Jované, al señalar que las estadísticas muestran un incremento significativo en los créditos destinados a la compra de vehículos, lo que evidencia un cambio en las prioridades de consumo de los hogares.
De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, de enero a mayo del presente año, el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares fue de $493,792,000, mientras que en el mismo periodo de 2025 alcanzó los $368,526,000. Valor de las construcciones Aquí
De acuerdo con el ministro, mientras los préstamos hipotecarios para vivienda disminuyeron, el financiamiento para transporte creció alrededor de un 34%, una diferencia que, afirmó, responde a las decisiones económicas de las familias frente a recursos limitados.
Jované confirmó además que el Gobierno revisa los incentivos relacionados con la vivienda, aunque dejó claro que cualquier ajuste estará orientado exclusivamente a fortalecer el acceso de los sectores de menores ingresos.
“Los recursos del Estado son finitos y deben dirigirse a quienes realmente los necesitan”, afirmó. En ese sentido, indicó que los apoyos estatales buscarán beneficiar principalmente a familias vulnerables, especialmente en las áreas rurales y entre trabajadores con menores ingresos.
Durante una entrevista a una televisora local, el ministro también anunció que la Caja de Ahorros, el Ministerio de Trabajo y el Miviot trabajan en un mecanismo que permita convertir en sujetos de crédito hipotecario a trabajadores de la industria de la construcción que, pese a percibir salarios competitivos, enfrentan dificultades para acceder al financiamiento bancario. La intención es extender posteriormente ese modelo a otros sectores productivos.
El bono solidario no volverá
Jované fue categórico al descartar el regreso del bono solidario para la compra de viviendas.
A su juicio, el programa terminó elevando artificialmente los precios del mercado al incentivar que la mayoría de las viviendas alcanzaran el límite máximo permitido para acceder al beneficio estatal.
Explicó que subsidiar viviendas de hasta 70 mil dólares representó una carga fiscal considerable y desvió recursos públicos que ahora, según la nueva política gubernamental, deberán concentrarse en soluciones habitacionales para quienes enfrentan mayores dificultades económicas.
Rescate de proyectos abandonados
El ministro aseguró que una de las prioridades de la administración del presidente José Raúl Mulino ha sido rescatar proyectos habitacionales que permanecían inconclusos desde administraciones anteriores.
Hasta el momento, informó, el Miviot ha entregado más de 6,200 soluciones de vivienda tras reactivar desarrollos que estaban paralizados en distintas provincias del país.
Entre los proyectos recuperados mencionó Altos de Matrazo, en Herrera; 19 de Octubre, en Aguadulce; Paso Ancho, en Volcán; Bambú, en Bocas del Toro, y otros complejos ubicados en Darién.
Según explicó, concluir estas obras no solo permite entregar viviendas a miles de familias, sino también detener el crecimiento de intereses moratorios y reclamaciones contractuales que incrementaban el costo para el Estado.
El mensaje del Gobierno es claro: antes de iniciar nuevos programas de subsidios generalizados, la prioridad será ordenar las finanzas públicas, concluir las obras abandonadas y concentrar los recursos disponibles en quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda propia.