Libera a 959 privados de libertad mientras el Gobierno defiende la “Segunda Oportunidad”

Libera a 959 privados de libertad mientras el Gobierno defiende la “Segunda Oportunidad” - Panamá y Centroamérica

 

Ciudad de Panamá, 27 de mayo 2026. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, firmó un decreto ejecutivo que concede rebaja de pena a 959 personas privadas de libertad por delitos comunes, en una decisión que el Gobierno presentó como una apuesta por la resocialización y la reintegración de internos que demostraron buena conducta dentro del sistema penitenciario.

La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 15 del 26 de mayo de 2026, beneficia a reclusos de distintos centros penitenciarios del país que participaron en programas de estudio, trabajo y rehabilitación, además de mantener respeto por las normas internas.

Durante un acto celebrado con internos de varias cárceles, Video Aquí: la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, describió la rebaja de pena como una oportunidad excepcional que no debe desperdiciarse.

“Si cometen errores nuevamente, ustedes serán dueños del destino que se merecen”, afirmó la ministra, quien insistió en que regresar al sistema penitenciario significaría perder una oportunidad que pocos reciben.

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Horas después del anuncio, Montalvo visitó el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, donde varias internas reaccionaron entre abrazos, lágrimas y muestras de emoción ante la posibilidad de recuperar su libertad y reencontrarse con sus familias.

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, sostuvo que esta es la tercera rebaja de pena aplicada a internos durante la actual administración y defendió la medida como evidencia de que “la resocialización está en marcha y es una realidad”.

Los beneficiados pertenecen a centros penitenciarios como La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas, Chiriquí, Bocas del Toro, Penonomé, Santiago, Herrera y Nueva Esperanza, entre otros.

La Constitución panameña faculta al presidente a otorgar rebajas de pena por delitos comunes en coordinación con el ministerio correspondiente, mecanismo que históricamente ha sido utilizado como instrumento de reinserción social y descongestión penitenciaria.

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