Ciudad de Panamá, 23 de mayo 2026. El próximo lunes 25 de mayo comenzará una de las negociaciones más decisivas para el sector público del país: las vistas presupuestarias para la vigencia fiscal de 2027. Durante casi dos semanas, 96 instituciones públicas —incluidos los Consejos Provinciales— acudirán al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para justificar cuánto dinero necesitan y en qué planean gastarlo.
El proceso, que se extenderá hasta el 5 de junio, pondrá frente a frente a ministros, viceministros y directores de entidades con los equipos técnicos del MEF, responsables de evaluar programas, proyectos y gastos en un contexto marcado por la presión sobre las finanzas públicas y la necesidad de sostener inversiones estratégicas del Estado,, vitales para hacer repuntar la economía y generar urgentes fuentes de empleo.
En la primera jornada comparecerán entidades clave como la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Aeronáutica Civil, la Cancillería y la Autoridad de Pasaportes, entre otras. Cada institución deberá sustentar sus necesidades presupuestarias para 2027, en un proceso que servirá de base para la elaboración del anteproyecto de ley que posteriormente será enviado al Consejo de Gabinete y luego a la Asamblea Nacional.
El director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, explicó que la etapa inicial contempla la preparación de cifras preliminares y la identificación de prioridades institucionales. Después vendrá la fase política: ajustar montos, negociar recortes y definir las cifras definitivas antes de remitir el documento al Legislativo a finales de julio.
La discusión ocurre apenas meses después de concluir las vistas presupuestarias correspondientes a 2026 pero en lo que correspondió a la Asamblea Nacional, cuando la Comisión de Presupuesto de ese órgano del Estado analizó un proyecto estatal por B/.34,901 millones.
El presupuesto de 2027 volverá a convertirse así en el principal termómetro político y económico del país: un documento donde se reflejan no solo las prioridades del Gobierno, sino también las tensiones entre inversión, deuda, funcionamiento estatal y capacidad real de financiamiento.