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Ciudad de Panamá, 4 de julio 2026. Panamá inauguró una nueva etapa en la regulación del comercio informal con la entrada en vigor de la Ley 540, una legislación que busca integrar a miles de buhoneros a la economía formal mediante un sistema de registro, acreditación y programas de apoyo, sin desconocer el papel que esta actividad desempeña como fuente de sustento para numerosas familias.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial, establece por primera vez un marco jurídico específico para el sector y fija las bases de una política pública orientada a la formalización progresiva, la protección de los derechos de los trabajadores y el ordenamiento del espacio público. Encuentra La Ley Aquí.
La ley reconoce a los buhoneros como trabajadores que desarrollan actividades comerciales al por menor en espacios públicos y establece que el proceso de transición hacia la formalidad deberá realizarse de manera gradual y voluntaria, bajo principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación, legalidad, debido proceso y convivencia ciudadana.
Como parte de este nuevo modelo, la legislación clasifica la actividad en cuatro modalidades: buhoneros de puesto fijo, de puesto semifijo, ambulantes y de temporada, con el propósito de adecuar las regulaciones a las distintas formas en que se desarrolla el comercio informal en el país.
La Ley 540 también obliga al Estado y a los municipios a diseñar programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida del sector. Entre las medidas previstas figuran capacitaciones en oficios, impulso a proyectos productivos, creación de espacios seguros para ejercer la actividad, investigaciones sobre la situación socioeconómica de los trabajadores y mecanismos para facilitar su incorporación a la economía formal.
Uno de los principales cambios es la creación del Registro Nacional de Buhoneros, que será administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias en coordinación con los municipios. Este sistema permitirá consolidar información del sector, facilitar la planificación de políticas públicas y servir como puerta de acceso a los programas de formalización.
La legislación también introduce el permiso de acreditación de buhonero autorizado, documento que funcionará como identificación oficial para ejercer la actividad. Su expedición estará a cargo de las alcaldías de cada distrito, que verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Para obtener esta acreditación, los solicitantes deberán ser ciudadanos panameños, estar inscritos en el Registro Nacional de Buhoneros, presentar copia de su cédula, declarar la actividad económica que desarrollarán y señalar el área donde ejercerán el comercio.
Quienes se dediquen a la manipulación y venta de alimentos deberán mantener vigentes los carnés de salud correspondientes.
La norma también faculta a los municipios para establecer requisitos adicionales, siempre que respondan a las características de cada distrito y no contradigan los principios generales de la ley.
Además de reconocer derechos, la legislación fija obligaciones para los buhoneros acreditados. Entre ellas destacan el cumplimiento de las normas sanitarias y de protección al consumidor, el respeto a los horarios y áreas autorizadas, el mantenimiento de la limpieza del espacio utilizado y la obligación de portar un permiso vigente durante el ejercicio de su actividad.
Con la aprobación de la Ley 540, Panamá deja atrás un enfoque centrado únicamente en el control del comercio informal y adopta un modelo que busca equilibrar el derecho al trabajo con el ordenamiento urbano. El reto, ahora, será trasladar los principios de la ley a una implementación efectiva que permita ampliar las oportunidades económicas del sector sin generar nuevos conflictos en el uso de los espacios públicos.