Ciudad de Panamá, 18 de junio 2026. La fuga de 195 reclusos se ha convertido en una de las mayores crisis penitenciarias del gobierno de José Raúl Mulino y en el detonante de una profunda revisión del sistema carcelario panameño.
Visiblemente molesto, el mandatario reconoció que lo ocurrido representa un fracaso institucional y anunció investigaciones internas, denuncias penales y una ofensiva para endurecer el control sobre las cárceles del país.
“Lo sucedido me indigna y me avergüenza. La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó”, afirmó.
Según informó, 178 de los 195 evadidos ya fueron recapturados y permanecen nuevamente bajo custodia. Las autoridades continúan la búsqueda de los 17 restantes.
Aunque aseguró que no se trata de líderes criminales ni de cabecillas de organizaciones de alto perfil, advirtió que todos los fugitivos cometieron delitos y deberán regresar a prisión.
“No habrá protección legal ni política para nadie”, dijo. “Mi prioridad es recuperar a los presos evadidos y encontrar a los responsables para que paguen”.
Las investigaciones ya han provocado la separación de funcionarios de sus cargos y la presentación de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación. Mulino insistió en que no permitirá que la crisis termine reducida a la destitución de una sola persona mientras permanecen intactas las fallas estructurales que facilitaron la fuga.
El presidente también reveló que 155 de los reclusos recapturados han sido judicializados por su participación en la evasión y enfrentan nuevas condenas de hasta siete años de prisión, que se sumarían a las penas que ya cumplían. De ellos, 28 ya recibieron sentencia.
La respuesta gubernamental ha incluido operativos masivos dentro de los centros penitenciarios para decomisar armas, drogas, teléfonos celulares y artículos considerados incompatibles con el régimen carcelario.
“Todo eso entró por la puerta, con la complicidad de quienes estaban cuidando la puerta”, afirmó el mandatario, al referirse a la presunta participación de funcionarios penitenciarios.
Coiba y la seguridad nacional
Uno de los aspectos más controvertidos de la estrategia gubernamental ha sido el traslado de reclusos de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en la isla de Coiba.
La medida ha generado críticas de sectores ambientalistas y organizaciones de derechos humanos, cuestionamientos que Mulino rechazó de manera categórica.
El presidente sostuvo que la instalación utilizada pertenece al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y existe desde hace años, por lo que no implica nuevas construcciones dentro del parque nacional.
“No hay ningún daño ecológico en llevar 29 personas a un centro del Senan”, afirmó.
Según explicó, los detenidos permanecen confinados dentro de las instalaciones de seguridad y no circulan libremente por la isla. Además, anunció la construcción de una estación para fortalecer la presencia de guardaparques en el área.
Un cambio de modelo penitenciario
Más allá de la fuga, Mulino aprovechó la ocasión para cuestionar el modelo penitenciario vigente, al que responsabilizó de permitir que grupos criminales continúen operando desde prisión.
El mandatario aseguró que desde las cárceles se coordinaban actividades ilícitas, extorsiones, acciones vinculadas al narcotráfico y hechos de violencia que terminaban impactando las calles.
También criticó el uso de teléfonos celulares por parte de reclusos y sostuvo que el Estado no puede seguir financiando servicios que terminan siendo utilizados para dirigir organizaciones criminales desde prisión.
“Está demostrado que los delincuentes de alto perfil se aprovecharon de un sistema que fue vulnerado frente a los ojos de quienes debían custodiarlo”, señaló.
La indignación presidencial se produce en medio de una creciente preocupación por el aumento de la violencia asociada al narcotráfico y al sicariato, fenómenos que, según el gobierno, mantienen conexiones con estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios.
Mulino adelantó que el próximo 1 de julio presentará una nueva política penitenciaria basada en modelos de máxima seguridad implementados en otros países.
“Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados”, afirmó.
La fuga masiva no solo expuso debilidades en el sistema de custodia. También abrió un debate nacional sobre el futuro de las cárceles panameñas y hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para recuperar el control de ellas.