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Ciudad de Panamá, 20 de agosto 2026. CK Hutchison Holdings Ltd. abrió un nuevo frente en su disputa con Panamá. El conglomerado con sede en Hong Kong anunció este jueves el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado panameño y reclamó una indemnización superior a $1,500 millones por presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales y de protección internacional de inversiones.
La controversia gira en torno a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison Ports que durante décadas operó los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, bajo una concesión otorgada por el Estado panameño.
El nuevo procedimiento se produce después de una cadena de decisiones que llevó la disputa desde los tribunales panameños hasta el ámbito internacional.
En febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado y PPC para el desarrollo, construcción, operación y administración de ambas terminales portuarias.
La decisión abrió paso a una intervención estatal de los activos portuarios y profundizó el conflicto entre Panamá y CK Hutchison.
Un conflicto que trasciende el contrato
CK Hutchison sostiene que notificó formalmente a Panamá sobre la controversia el 4 de febrero de 2026, al considerar que una serie de actuaciones estatales habían afectado sus inversiones.
Según la compañía, desde comienzos de 2025 el Gobierno panameño emprendió nuevas investigaciones, modificó su posición jurídica respecto de la concesión y promovió acciones destinadas a cuestionar los derechos contractuales de PPC.
La empresa también acusa al Estado de haber impulsado un plan para sustituir a Panama Ports Company.
Después de aquella notificación, sostiene CK Hutchison, Panamá intensificó sus acciones y tomó el control de las terminales de Balboa y Cristóbal el 23 de febrero.
La compañía afirma que durante esa intervención resultaron afectados activos, equipos, sistemas tecnológicos, empleados, documentos y materiales confidenciales de PPC. A su juicio, esos hechos generaron daños adicionales y motivaron una notificación complementaria bajo el tratado de protección de inversiones.
Panamá, según la versión de la empresa, no adoptó medidas para resolver la disputa y continuó con actuaciones que CK Hutchison considera perjudiciales para sus inversiones.
Dos arbitrajes, dos disputas jurídicas
El procedimiento anunciado este 20 de agosto de 2026 no es el único arbitraje relacionado con los puertos.
CK Hutchison insiste en que sus derechos como inversionista internacional son distintos de los derechos contractuales de Panama Ports Company. Por ello, sostiene que el nuevo arbitraje por protección de inversiones es independiente del proceso contractual de PPC.
La compañía afirma que Panamá intentó llevar a CK Hutchison al arbitraje contractual, pero que esa posición no prosperó debido a las diferencias jurídicas entre la matriz, su subsidiaria y los contratos involucrados.
La reclamación internacional busca ahora una compensación superior a $1,500 millones, según el comunicado de la empresa.
El antecedente de la auditoría
El conflicto también está acompañado por una investigación en Panamá.
La Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene diligencias relacionadas con el caso y ha solicitado información y análisis adicionales a la Contraloría General de la República.
La Contraloría inició en enero de 2025 una auditoría a Panama Ports Company. En abril de ese año, el entonces contralor Anel Flores informó que la revisión había identificado una presunta lesión patrimonial al Estado por $1,337 millones bajo distintas modalidades.
La cifra de la auditoría y la reclamación de CK Hutchison pertenecen a procesos diferentes y responden a posiciones jurídicas enfrentadas: mientras el Estado sostiene que existen posibles perjuicios a sus intereses, la empresa reclama que las actuaciones estatales provocaron daños a sus inversiones.
La disputa entra en una etapa decisiva
Con el nuevo arbitraje, la disputa deja de ser únicamente una controversia sobre la legalidad de una concesión portuaria y adquiere una dimensión que puede tener consecuencias financieras y jurídicas de largo alcance para Panamá.
CK Hutchison aseguró que continuará buscando una solución y que se reserva todos sus derechos.
El desenlace dependerá ahora de tribunales y mecanismos arbitrales distintos, pero el monto en disputa deja claro que el conflicto ya no se mide únicamente en términos de quién controla Balboa y Cristóbal.
Se mide también en el precio que Panamá podría terminar pagando por la ruptura de una relación portuaria que durante décadas estuvo en el corazón de su comercio marítimo.