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Ciudad de Panamá, 14 de octubre 2026. La emergencia provocada por el terremoto del 9 de octubre ha abierto una nueva etapa para Panamá: pasar de la respuesta inmediata a la reconstrucción de las comunidades afectadas. El Gobierno ha distribuido más de 16.000 bolsas de alimentos, mantiene habilitados más de 45 albergues y atiende a 3.696 personas, según el balance presentado por el secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza.
La ayuda alimentaria tiene como destino 117 comunidades de las cuatro regiones mencionadas en el informe oficial, además de los albergues. Al mismo tiempo, las autoridades han iniciado trabajos de reconstrucción de viviendas destruidas y de reparación de aquellas que sufrieron daños parciales, dos frentes que determinarán la velocidad con que las familias puedan recuperar sus hogares.
Los primeros trabajos de construcción comenzaron en Quebrada Grande, en Penonomé, provincia de Coclé, y en San Félix, Chiriquí. El plan contempla continuar las labores en comunidades de Herrera, Los Santos y Chiriquí, así como en los distritos de Ñurum y Müna, en la comarca Ngäbe-Buglé. Paralelamente, los equipos trabajan en la remoción de escombros y la preparación de terrenos para reconstruir las viviendas destruidas o con daños severos.
La recuperación también enfrenta un desafío sanitario. De acuerdo con el balance gubernamental, 842 instalaciones de salud fueron evacuadas y 69 presentan afectaciones leves. La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud mantienen el proceso de reingreso de pacientes, condicionado a la seguridad de las instalaciones y del personal médico, administrativo y de enfermería.
El Ministerio de Salud habilitó, además, la línea gratuita 800-6467 para orientar a las personas que experimenten estrés, miedo o ansiedad asociados al terremoto y sus réplicas. El servicio puede utilizarse desde teléfonos fijos y operadores móviles, una medida que reconoce que las consecuencias de un desastre no se limitan a los daños materiales.
En el sistema educativo, más de 600 centros oficiales presentan afectaciones. El retorno a las clases presenciales será progresivo y dependerá de las evaluaciones técnicas y de la confirmación del Ministerio de Educación de que los planteles reúnen las condiciones de seguridad necesarias. Las reparaciones deberán completarse antes de autorizar la reapertura de las instalaciones afectadas.
El Gobierno también informó que se restablecieron los servicios de agua potable y electricidad, en coordinación con las entidades y empresas responsables. Icaza agradeció la cooperación de los gobiernos de Venezuela y Costa Rica, que han ofrecido apoyo a Panamá en las labores de evaluación y recuperación.
Sin embargo, el volumen de la asistencia distribuida y la apertura de frentes de reconstrucción son apenas indicadores iniciales de una recuperación que todavía exige evaluaciones, recursos y seguimiento. El reto será garantizar que la ayuda llegue a las familias que más la necesitan, que las viviendas sean reconstruidas con seguridad y que las escuelas y hospitales puedan reanudar sus operaciones sin poner en riesgo a la población.
La verdadera medida de la respuesta no será cuántas bolsas de alimentos se entreguen ni cuántas obras se anuncien, sino cuánto tiempo tardarán las familias en recuperar un hogar seguro, los estudiantes en volver a las aulas y las comunidades en reconstruir su vida cotidiana.