Ciudad de Panamá, 19 de mayo 2026. La Asamblea Nacional abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el acoso escolar en Panamá, al instalar una mesa técnica para construir una ley que busca prevenir y corregir el bullying en las escuelas, en medio de una creciente alarma pública por sus efectos sobre la salud mental de niños y adolescentes.
La jornada, organizada por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes y presidida por la diputada Grace Hernández, reunió a especialistas en salud mental, funcionarios, organizaciones civiles y familiares de víctimas en un intento por diseñar una legislación con un enfoque preventivo, integral y de reparación.
La discusión ocurre tras varios casos recientes que reavivaron el debate nacional sobre la violencia escolar y expusieron las limitaciones de los mecanismos actuales para detectar y atender situaciones de hostigamiento dentro de los planteles educativos.
“Queremos establecer responsabilidades claras para todos los actores y empezar a hacer programas de prevención para luego enfocarnos en reparar”, afirmó Hernández durante la apertura de la mesa técnica realizada en la Asamblea Nacional.
Pero la diputada fue más allá del ámbito escolar y apuntó hacia un problema social más profundo. “Vivimos en una sociedad donde los adultos tampoco aprendimos a validar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a los niños si nosotros mismos no lo hacemos?”, expresó.
El momento más conmovedor de la jornada llegó con el testimonio de Linda Rodríguez, madre de Emmanuel Abraham Rodríguez, un joven de 18 años que falleció recientemente tras enfrentar durante años episodios de acoso relacionados con su apariencia física.
Rodríguez relató cómo el aislamiento y el deterioro emocional marcaron la vida de su hijo desde la premedia hasta la universidad. “Ya no quería salir ni que la gente lo viera”, dijo. Tras su muerte, la familia descubrió búsquedas vinculadas a métodos para quitarse la vida, una señal del sufrimiento silencioso que atravesaba.
“A veces vemos al estudiante tranquilo, pero detrás carga una mochila gigantesca que no puede llevar solo”, añadió, en un llamado dirigido tanto a padres como a docentes para detectar señales tempranas de angustia emocional.
Especialistas presentes insistieron en que el bullying no puede seguir tratándose como simples conflictos entre estudiantes. Roberto Guevara, especialista en salud pública y salud mental del Ministerio de Salud, advirtió que el acoso escolar constituye una forma de violencia con impactos duraderos.
“El acoso es violencia y debemos trabajar no solo con las víctimas, sino también con los agresores, los espectadores, las familias y toda la comunidad educativa”, sostuvo.
Guevara citó estimaciones de la Organización Mundial de la Salud según las cuales alrededor del 11 % de la población escolar sufre bullying, y señaló que Panamá aparece entre los países con mayores índices de acoso escolar en estudios internacionales. También recomendó adoptar modelos de prevención como el programa finlandés KiVa, aplicado en distintos sistemas educativos europeos y americanos.
Representantes de organizaciones vinculadas a la salud mental coincidieron en que uno de los principales vacíos sigue siendo la falta de capacitación sistemática para docentes y comunidades educativas.
Jonathan Btesh, cofundador de la Fundación Ni Uno Más, recordó que la Ley 289 de 2022 representó un primer paso contra el acoso escolar, aunque admitió que persisten dificultades en su aplicación. “Los estudiantes pasan gran parte de su día en las escuelas, por eso es fundamental capacitar a los docentes y trabajar también con las familias”, afirmó.
Por su parte, Pedro Poveda, coordinador de programas de Fundación Valórate, sostuvo que romper el silencio sobre la salud mental será esencial para enfrentar el problema. “La salud mental fue apartada por mucho tiempo. Hoy necesitamos un trabajo interdisciplinario para proteger a nuestros niños y adolescentes”, dijo.
La diputada Hernández adelantó que esta será la primera de varias mesas técnicas antes de presentar el anteproyecto ante el pleno legislativo en julio próximo. Pero detrás de la discusión legal emerge una realidad más incómoda para el país: el bullying dejó de ser visto como una etapa escolar y empieza a reconocerse como una crisis silenciosa que está dejando heridas profundas —y, en algunos casos, irreversibles— en toda una generación.