Ciudad de Panamá, 8 de junio 2026. La magistrada Nelly Edith González Hernández fue designada presidenta del Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) para el período 2026-2028, una decisión que coloca al frente del organismo a una funcionaria con más de dos décadas de experiencia en el aparato estatal panameño.
La designación, formalizada mediante la Sala de Acuerdos No. 006-2026, marca el inicio de una nueva etapa para una entidad clave en la resolución de controversias laborales dentro del sector público. El Tribunal señaló que la elección responde a la trayectoria profesional de González Hernández, así como a su experiencia en la gestión jurídica y administrativa del Estado.
La nueva presidenta ha planteado como prioridad el fortalecimiento institucional del organismo, con énfasis en la modernización de los procesos internos, la eficiencia administrativa y la atención oportuna de los casos sometidos a su consideración.
González Hernández inició su carrera en la administración pública en 1998 y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Asamblea Nacional y otras dependencias estatales. Entre ellos figuran asesora legal, secretaria técnica de Relaciones Internacionales, jefa de Contrataciones Públicas y directora nacional de Asesoría Legal en Asuntos Administrativos. Desde 2024 se desempeñaba como magistrada vicepresidenta del TAFP.
Abogada y licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría en Derecho Privado y estudios especializados en negociación de tratados y comercio internacional. Su formación también incluye diplomados en Derecho Administrativo y actualmente cursa una maestría en Docencia Superior.
Con más de 25 años de servicio público, González Hernández asume la conducción del Tribunal en un momento en que las instituciones estatales enfrentan crecientes demandas de transparencia, eficiencia y cumplimiento de las normas que regulan la función pública.
El Tribunal Administrativo de la Función Pública tiene la responsabilidad de velar por la correcta aplicación de las disposiciones laborales en el sector estatal y garantizar el respeto de los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la legislación panameña.