Ciudad de Panamá, 26 de mayo 2026. Las principales cámaras empresariales de Costa Rica elevaron el tono contra Panamá y exigieron una salida inmediata al conflicto comercial que mantiene restringido el intercambio de productos agrícolas entre ambos países desde hace casi seis años.
En una ofensiva coordinada, organizaciones del sector lechero, industrial, agroexportador y comercial respaldaron las gestiones del gobierno costarricense encabezado por Laura Fernández Delgado y advirtieron que las pérdidas acumuladas ya amenazan empleo, inversión y estabilidad en las zonas rurales.
La declaración más contundente vino de la Cámara Nacional de Productores de Leche (Proleche), que acusó a Panamá de sostener un “embargo comercial sistemático e injustificado” mediante restricciones sanitarias aplicadas desde julio de 2020.
Según el gremio, las medidas han provocado pérdidas superiores a $200 millones para la industria láctea costarricense y obligaron a redirigir diariamente cerca de 85,000 kilos de leche hacia otros mercados. El impacto, aseguran, también provocó el cierre de pequeñas plantas artesanales incapaces de absorber el golpe comercial.
La presión empresarial llega en un momento particularmente sensible para las relaciones bilaterales. La Cámara de Comercio de Costa Rica y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) pidieron abandonar las confrontaciones públicas y retomar negociaciones bajo criterios técnicos y diplomáticos.
Abel Chaves Trigueros sostuvo que garantizar el acceso a los mercados es clave para proteger la seguridad jurídica de los exportadores y la estabilidad económica de comunidades agrícolas dependientes de productos como piña, banano y fresas, también afectados por las restricciones panameñas.
El reclamo se extendió además al sector ganadero. La Corporación Ganadera (Corfoga) alertó sobre el deterioro prolongado que enfrentan las exportaciones de carne bovina, porcina y avícola. Su director ejecutivo, Luis Diego Obando, pidió una mediación efectiva entre ambos gobiernos para restablecer el flujo comercial.
La preocupación alcanzó incluso al sector energético regional. Sergio Capón advirtió que las tensiones políticas no deben contaminar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Regional (MER), considerado una de las infraestructuras estratégicas de integración centroamericana.
“El mercado eléctrico responde a un tratado supranacional y no puede quedar expuesto a disputas coyunturales entre gobiernos”, señaló el dirigente industrial.