Ciudad de Panamá, 16 de mayo 2026. Panamá ha dado un paso inusual en su batalla contra la obesidad: obligará a restaurantes y cadenas de comida rápida a ofrecer agua embotellada, sin costo adicional, como sustituto de las bebidas azucaradas incluidas en sus combos.
La medida, establecida en la Ley 523 del 12 de mayo de 2026, concede a los comercios un período de transición de un año para adaptar sus menús, plataformas digitales y puntos de venta antes de que la norma entre en plena vigencia en 2027. A partir de entonces, cualquier consumidor podrá reemplazar un refresco o bebida endulzada por agua sin pagar más.
La legislación alcanza a todos los establecimientos que comercialicen combos de alimentos y bebidas bajo el modelo de comida rápida, desde grandes cadenas multinacionales hasta pequeños negocios locales. Más allá del cambio operativo, la norma busca alterar una lógica de consumo profundamente instalada: la asociación automática entre comida rápida y bebidas azucaradas.
Los restaurantes no solo deberán incluir el agua como opción, sino también comunicarlo de forma visible en menús impresos, carteles promocionales, cajas registradoras, redes sociales, sitios web y cualquier otro canal donde se anuncien sus productos. La intención es que la elección saludable deje de ser una excepción silenciosa y pase a convertirse en una alternativa evidente para el consumidor.
El incumplimiento podrá derivar en sanciones por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mientras que cualquier irregularidad relacionada con la calidad del agua embotellada quedará bajo la supervisión del Ministerio de Salud (Minsa).
Detrás de la ley hay una preocupación creciente por la salud pública. Según cifras oficiales del Minsa, el 46% de la población panameña vive con obesidad, y las proyecciones apuntan a que esa proporción podría alcanzar la mitad del país para 2030. Las autoridades sanitarias advierten que enfermedades asociadas como hipertensión y diabetes ya están generando consecuencias severas, desde complicaciones cardiovasculares hasta daños renales y pérdida de visión.
La nueva normativa no pretende prohibir ni castigar el consumo de bebidas azucaradas, sino modificar los incentivos que históricamente han favorecido su elección. En lugar de imponer restricciones directas, el Estado busca intervenir en el momento de compra, facilitando una decisión distinta.
La legislación también contempla un mecanismo de reconocimiento: el Ministerio de Comercio e Industrias, junto con Salud, podrá otorgar distinciones anuales a los establecimientos que demuestren un compromiso destacado con la promoción de hábitos saludables.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), cuestionó que el sector empresarial no fuera consultado sobre el impacto operativo y económico que podría implicar la implementación de la medida.
La ley convierte un gesto aparentemente simple —cambiar un refresco por una botella de agua— en un acto de política pública. Su éxito dependerá no solo de la adaptación de las empresas, sino de si los consumidores deciden aceptar la invitación. En un país donde la obesidad avanza silenciosamente, Panamá apuesta a que una pequeña elección al momento de ordenar podría empezar a cambiar una estadística nacional.