Ciudad de Panamá,, 15 de mayo 2026.. El manejo de residuos biomédicos y una futura licitación multimillonaria para limpiar hospitales públicos abrieron un nuevo frente de tensión entre diputados y autoridades del Ministerio de Salud durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde afloraron denuncias sobre desechos infecciosos mal manejados, estructuras improvisadas y temores por la concentración de contratos críticos en pocas manos.
La controversia surgió durante la sustentación de traslados de partidas vinculados con servicios hospitalarios, limpieza y disposición de residuos biomédicos. Mientras el Ministerio de Salud defendía la centralización de los procesos bajo argumentos de bioseguridad y eficiencia operativa, diputados independientes cuestionaban los riesgos sanitarios y administrativos de contratos que podrían extenderse hasta por cinco años.
La diputada independiente de la coalición Vamos, Jannine Prado, pidió explicaciones sobre las irregularidades detectadas en la disposición de residuos hospitalarios y los controles implementados para evitar contaminación o exposición a material infeccioso.
Ante la comisión, la jefa nacional de compras del Minsa, Janet Bal, reconoció que la institución recibió denuncias sobre disposición ilegal de desechos biomédicos en distintas regiones del país.
“Se habían recibido denuncias de que los desechos hospitalarios se estaban disponiendo de forma ilegal”, dijo Bal.
Según explicó, auditorías realizadas por la Subdirección de Salud Pública detectaron bolsas rojas fuera de rutas autorizadas, depósitos improvisados y fallas en los protocolos de almacenamiento y bioseguridad.
Las llamadas bolsas rojas contienen residuos considerados peligrosos, incluidos materiales contaminados y desechos infecciosos generados en hospitales y centros médicos públicos.
“Tenemos casetas improvisadas hechas de zinc y eso es lo que queremos subsanar”, afirmó la funcionaria.
Bal sostuvo además que la centralización del servicio permitió reducir costos. “Ya hemos ahorrado cerca de un 30% del presupuesto general al centralizarlo”, aseguró.
Pero el debate escaló cuando la discusión pasó a la futura licitación para limpieza y desinfección hospitalaria, uno de los contratos más sensibles dentro del sistema público de salud.
Las autoridades confirmaron que preparan contratos multianuales para garantizar servicios de aseo y control sanitario en hospitales estratégicos de la red nacional. La propuesta contempla contratos de hasta cinco años, un plazo que encendió alertas entre diputados de distintas bancadas.
El diputado de libre postulación Carlos Saldaña cuestionó la posibilidad de que una sola empresa concentre la operación de limpieza hospitalaria.
“Si se le da a una sola empresa, ellos serían juez y parte. Pagarían salario mínimo y nadie les diría nada”, advirtió.
Saldaña defendió dividir la licitación por regiones o renglones para fomentar competencia y abrir espacio a empresas más pequeñas.
“Si usted tiene tres empresas, se forma la lucha por ver quién paga mejor salario y quién brinda mejor servicio”, sostuvo.
Bal respondió que el modelo multianual responde a la complejidad técnica y legal de este tipo de contrataciones, cuyos procesos pueden extenderse durante más de un año entre estudios de mercado, homologaciones, observaciones e impugnaciones.
“Hemos analizado tener un contrato multianual por lo que dure la vigencia de esta administración, más seis meses adicionales para la nueva administración”, indicó antes de precisar: “Serían cinco años”.
La funcionaria también argumentó que contratos fragmentados aplicados en el pasado generaron una pesada carga administrativa y múltiples reclamaciones legales para la institución.
La futura licitación incluiría servicios de limpieza, desinfección y supervisión técnica para nueve hospitales públicos, entre ellos el Hospital Nicolás Solano, el Hospital San Miguel Arcángel y el Hospital Regional de Veraguas Dr. Luis ‘Chicho’ Fábrega.
De acuerdo con los documentos sustentados por el Minsa, el contrato abarcaría personal especializado, insumos, equipos y productos de limpieza hospitalaria destinados a mantener condiciones de higiene y control de infecciones dentro de la red pública.
Pero en la Asamblea, la discusión dejó claro que el debate ya no gira solo en torno a limpieza hospitalaria. También expone una preocupación más profunda: quién controla servicios esenciales del sistema de salud y bajo qué mecanismos de vigilancia pública.