Ciudad de Panamá, 11 de mayo 2026. El Gobierno defendió este lunes una reforma fiscal que busca endurecer las reglas sobre sustancia económica y rentas pasivas extranjeras, en medio de la presión internacional para aumentar la transparencia financiera y abandonar prácticas consideradas de baja tributación.
Durante el primer debate del Proyecto de Ley 641, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó la iniciativa como una decisión “soberana, inteligente y estratégica” destinada a reforzar la posición de Panamá en la economía global sin desmontar el histórico principio de territorialidad fiscal del país.
“Hoy es un día importante para nuestro país, no porque nos lo exija nadie desde afuera, sino porque Panamá ha decidido, con convicción propia, dar un paso que fortalece su posición en el mundo”, afirmó el ministro ante la Asamblea.
La propuesta modifica artículos del Código Fiscal relacionados con el impuesto sobre la renta e introduce criterios de sustancia económica para determinar cuándo las rentas pasivas de fuente extranjera deben ser consideradas bajo jurisdicción panameña.
El proyecto exigiría que las empresas registradas en Panamá mantengan operaciones reales en el país, incluyendo generación de empleos, contratación de proveedores locales y toma de decisiones desde territorio nacional. Según Chapman, la medida busca atraer inversiones de mayor calidad y consolidar actividades empresariales con presencia tangible, más que estructuras corporativas de papel.
El ministro sostuvo que las multinacionales con operaciones sustanciales en Panamá obtendrían mayor seguridad jurídica y enfrentarían menos obstáculos regulatorios y financieros en sus países de origen. También vinculó la reforma con los esfuerzos del Gobierno para sacar al país de listas internacionales relacionadas con transparencia fiscal y supervisión financiera.
Aunque sectores empresariales han seguido de cerca la discusión por su posible impacto sobre la competitividad del centro financiero panameño, Chapman insistió en que el Ejecutivo mantiene abierta la negociación con gremios, abogados, académicos y otros actores económicos.
“El objetivo no es aprobar una ley por cumplir un trámite. El objetivo es aprobar la mejor ley posible para Panamá”, señaló.
La administración sostiene que la reforma busca reposicionar al país como una jurisdicción “confiable, transparente y competitiva” en un entorno internacional cada vez más exigente frente a los flujos financieros globales.