Una reciente conversación ciudadana ha reavivado el debate sobre los icónicos buses. Mientras la ciudadanía denuncia su circulación, los tribunales han cerrado un capítulo del caso con más preguntas que respuestas, dejando al descubierto un sistema de transporte que parece operar al margen de la ley.
En una tertulia radial que ha circulado ampliamente en redes sociales durante los últimos días, un grupo de panameños exponía con frustración una escena cotidiana: dos buses averiados bloqueando el tránsito. “Esto es una trampa de muerte”, “son los mismos buses por los que pagamos para que se fueran”, se escucha entre los participantes.
La conversación, aunque espontánea, toca la fibra de un escándalo que la justicia panameña recientemente intentó cerrar, pero que para muchos ciudadanos sigue más vigente que nunca: el caso de la millonaria indemnización para chatarrizar los ‘diablos rojos’.
El Fraude que Costó Millones a los Panameños
Entre 2010 y 2014, durante la administración de Ricardo Martinelli, el Estado panameño implementó un plan para erradicar los antiguos buses escolares (conocidos como ‘diablos rojos’) e introducir el sistema Metrobús. Para ello, se destinaron aproximadamente $98 millones en compensaciones a los dueños de estas unidades .
Sin embargo, una auditoría de la Contraloría General de la República destapó irregularidades que constituyen uno de los fraudes más grandes contra el erario. Según el informe oficial, se produjo una lesión patrimonial estimada en $24 millones .
¿Cómo ocurrió? De acuerdo con la investigación, publicada por medios como La Prensa y Panamá América, se pagó en exceso a numerosos propietarios. Algunos recibieron indemnizaciones múltiples por un mismo bus, mientras que otros cobraron por vehículos que no calificaban para el retiro, incluyendo unidades que ya eran chatarra o que operaban en el interior del país .
La Justicia Dice: “No Hay Culpables”
El caso, que requirió un expediente de más de 700 tomos , llegó a los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción solicitó penas de prisión para 164 personas involucradas entre exfuncionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), empresarios y transportistas .
Sin embargo, la resolución judicial ha generado una profunda controversia. El 25 de agosto de 2025, la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, dictó un fallo absolutorio que benefició a 185 procesados. Semanas después, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la decisión .
Entre los absueltos se encuentran los exdirectores de la ATTT Roberto Moreno Olivares, Juan Pablo Mora, Ricardo Fábrega y Ventura Vega, quienes ocuparon el cargo entre 2009 y 2014 . El tribunal argumentó, según consta en el expediente judicial, que “no se demostró que los funcionarios procesados omitieran deliberadamente sus deberes de control, ni que hubiesen facilitado de manera consciente un esquema fraudulento”.
Esta decisión ha sido duramente criticada por sectores que siguieron el caso, quienes señalan que, a pesar de la millonaria pérdida para el Estado, no hay un solo responsable penal condenado por los hechos.
El Presente: Buses Viejos, Política y Accidentes
Mientras la justicia cierra este capítulo, los panameños observan una realidad que contradice la teoría de la “chatarrización”. Los buses, muchos de ellos repintados de verde para simular pertenecer al sistema actual, siguen transitando por las calles.
La hipótesis que circula en espacios ciudadanos apunta a un vínculo político. Diversos analistas y columnistas han señalado a lo largo de los años que estos buses, por su capacidad de movilizar grandes cantidades de personas, se convierten en una herramienta clave durante los periodos de campaña electoral, operando como un sistema de transporte paralelo al oficial .
El costo humano de esta impunidad se mide en tragedias. Archivos periodísticos registran múltiples incidentes:
- 12 de enero de 2016: Un ‘diablo verde’ volcó sobre el puente del río Pacora, dejando como saldo 1 fallecido y 14 heridos .
- 13 de octubre de 2025: Un peatón fue atropellado fatalmente en Calidonia por un bus de la ruta Tanara-Vía España .
- 5 de marzo de 2026: Dos trabajadoras de la Autoridad de Aseo (AAUD), conocidas como ‘hormiguitas’, fueron arrolladas por un ‘diablo rojo’ mientras cruzaban un paso de cebra en la Avenida José Agustín Arango. Una de ellas resultó gravemente herida. Hasta el momento, la ATTT no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente.
La Pregunta que Queda
El caso de los ‘diablos rojos’ ha pasado por la Contraloría y por los tribunales, pero no encuentra resolución en las calles. La pregunta que surge de la tertulia ciudadana y que retumba en las redes sociales sigue sin respuesta oficial:
Si el Estado pagó una fortuna para eliminar estos buses, y si la justicia determinó que no hubo delito en el pago, ¿por qué los buses nunca se fueron? ¿Y por qué, años después, siguen cobrando víctimas?